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En una cadena de radio y televisión de más de tres horas, Maduro pidió este jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un "juicio público" contra la Asamblea Nacional en el marco de una demanda por "usurpación de funciones" que admitió el tribunal.
"Solicito de antemano que sea un juicio público y Venezuela, en cadena nacional, pueda ver en su oportunidad las pruebas y el grave daño inminente que esta gente ha querido ocasionar sobre la paz de la República", dijo.
El TSJ dictó una medida cautelar dentro de la querella planteada por el gobierno el 3 de junio, que invalida dos decisiones del legislativo, en el cual la oposición ostenta una mayoría de tres quintos.
Una es el exhorto a esa corte y al Poder Electoral para que respeten la Constitución y no bloqueen el referendo revocatorio.
La otra se refiere a un apoyo de los diputados a organismos internacionales que piden una solución política a la crisis.
"Es probable que a través de este juicio, la Sala Constitucional diga que la Asamblea ha actuado fuera de lugar y que no es un órgano legítimo", señaló a la AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa al TSJ de ser el "bufete jurídico" del gobierno, tras polémicas decisiones que redujeron sus facultades en el Parlamento.
- Condenas de 20 años -
Maduro también descargó su artillería contra personas a quienes identificó como opositores y que fueron detenidas durante saqueos registrados en las últimas semanas, que dejan al menos cinco muertos.
"Han sido enviados a la cárcel de Guárico (centro), a una sección especial de cárcel de castigo. Muchos van a ser condenados a 20 años o más", advirtió.
Venezuela vive una oleada de protestas para exigir el abastecimiento de víveres -que según la firma Datanálisis es de 80%-, algunas de las cuales han degenerado en violencia.
Sólo en la ciudad de Cumaná (400 km al este de Caracas), 434 personas fueron detenidas por saqueos registrados la noche del martes.
En tanto, la oposición venezolana afina el operativo para validar las firmas con las cuales busca activar el referendo.
La MUD intensificó este jueves la campaña para informar a sus partidarios sobre ese proceso, que deberá cumplirse entre el lunes y viernes próximos.
"Yo revoco la corrupción. Del 20 al 24 vamos todos al CNE (Consejo Nacional Electoral)", invita una pancarta extendida sobre una calle en el municipio capitalino de Chacao, bastión opositor.
El órgano electoral acreditó 1,3 millones de firmas del total de 1,8 millones entregadas por la oposición el 2 de mayo. Para activar la consulta se requiere que unas 200.000 personas validen su rúbrica con la huella dactilar en máquinas biométricas.
Bajo el dominio "revocalo.com", los opositores crearon un sitio en Internet en el que detallan sobre un mapa los 128 puntos de validación que habilitará el CNE en todo el país.
La MUD prepara además "caravanas" para movilizar a sus partidarios a partir del lunes hacia esos sitios, donde serán dispuestas 300 de las llamadas máquinas "captahuellas".
Acusado por la oposición de servir al gobierno, el CNE se tomará hasta el 23 de julio para revisar el proceso.
De ser convalidada esta primera etapa, la oposición deberá recaudar otros cuatro millones de firmas para que el Poder Electoral convoque el revocatorio.
"Si nos ceñimos a los lapsos, el referendo tiene que hacerse a más tardar la primera semana de noviembre", estimó la diputada Delsa Solórzano.
- En alerta por demanda -
Para la MUD, el revocatorio solo tiene sentido si se realiza antes del 11 de enero de 2017, pues si Maduro pierde habrá elecciones. Pero si se hace después de esa fecha el período que concluye en 2019 lo terminará el vicepresidente que designe el mandatario socialista.
Maduro, cuya gestión rechaza la mayoría de venezolanos según encuestas, asegura que la consulta solo será posible en 2017; el pasado lunes presentó una demanda ante el TSJ por supuesto "fraude" en la recolección de firmas.
"Nos preparamos para la próxima semana, pero estamos atentos a cualquier coyuntura que pudiera presentarse", advirtió Solórzano.
Por su parte, el líder opositor Henrique Capriles, promotor de la consulta, aseguró que una decisión adversa del TSJ "significaría echarle gasolina al fuego, aumentar la conflictividad".
Mientras, decenas de personas protestaron este jueves en una barriada popular en las afueras de San Cristóbal (capital del estado Táchira) en reclamo de víveres y productos de primera necesidad.
