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El juez Sergio Moro, quien condenó al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en primera instancia por corrupción, cuestionó la competencia del magistrado que ordenó hoy la libertad del exjefe de Estado, preso desde abril para purgar una pena de 12 años de prisión.
En un auto, Moro señaló que el juez federal de turno Rogerio Favreto es "absolutamente incompetente" para ordenar la libertad de Lula, después de que la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región le condenara en segunda instancia y la Corte Suprema votara a favor de su arresto para el cumplimiento de la pena.
Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), con sede en Porto Alegre, concedió un "habeas corpus" a Lula y determinó la suspensión de la ejecución provisional de la pena en "régimen de urgencia".
Favreto reiteró en un nuevo documento que la puesta en libertad de Lula, el primer expresidente de Brasil condenado por un delito común, debe ser "inmediata".
El juez Favreto sorprendió hoy con su decisión y, entre sus argumentos, alegó que la prisión del expresidente le impide ejercer sus derechos como precandidato a la Presidencia, a pesar de que se encuentra virtualmente inhabilitado por ley después de la condena en segunda instancia.
Lula fue condenado hace un año por el juez Sergio Moro, encargado en primera instancia de las investigaciones del caso Petrobras, a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
La pena fue ampliada en segunda instancia a doce años y un mes de cárcel por la octava sala del TRF-4 de Porto Alegre, que determinó la prisión del expresidente antes de las apelaciones en instancias superiores.
La Justicia dio por comprobado que el expresidente, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se benefició de un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de favorecer a la constructora OAS en la adjudicación de contratos públicos de la petrolera estatal Petrobras.
El exmandatario, quien ha reiterado su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre, cumple la pena desde abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná y epicentro de las investigaciones de la operación Lava Jato.
