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La multinacional estadounidense Johnson & Johnson fue condenada a pagar 572 millones de dólares por daños al estado de Oklahoma por contribuir a la adicción a los opioides.
El juez Thad Balkman dijo que los fiscales habían demostrado que J&J contribuyó al "perjuicio público" en su promoción de analgésicos de receta médica altamente adictivos. "Esas acciones comprometieron la salud y la seguridad de miles de personas de Oklahoma", dijo.
Al conocer la decisión, Johnson & Johnson anunció en un comunicado que apelará la decisión.
"Janssen no causó la crisis de los opioides en Oklahoma, y ni los hechos ni la ley respaldan este resultado", dijo el vicepresidente ejecutivo de J&J, Michael Ullmann.
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Para Ullmann, la sentencia es una "aplicación errónea" de la ley de "perjuicio público", que ya fue rechazada por jueces en otros estados.
"El monto sin precedentes para el 'plan de reducción' del estado tiene ramificaciones radicales para muchas industrias y no tiene relación con los medicamentos o la conducta de la compañía", afirmó.
Este proceso fue comparado con demandas contra compañías tabacaleras que resultaron en un acuerdo de más de 200.000 millones de dólares en 1998.
Pero en su fallo, el juez dijo que J&J promovió sus productos entre médicos y pacientes mediante campañas de publicidad y financiamiento de investigación y "educación", asegurando que el dolor no se estaba tratando lo suficiente y que "había un bajo riesgo de abuso".
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"Los acusados usaron la frase 'pseudoadicción' para convencer a los médicos de que los pacientes que exhibían signos de adicción (...) en realidad no sufrían de adicción, sino de tratamiento insuficiente del dolor", dijo Balkman.
Janssen producía y vendía las píldoras Nucynta y el parche Duragesic, que contiene fentanilo, uno de los opiáceos sintéticos más potentes, que el laboratorio inventó. El parche se prescribía a pacientes con cáncer para tratar dolores agudos.
Otros dos grandes fabricantes de medicamentos fueron acusados en la misma demanda de Oklahoma: el laboratorio estadounidense Purdue Pharma y el israelí Teva Pharmaceuticals, los cuales llegaron a un acuerdo con el estado antes de que el caso fuera a juicio.
Purdue, fabricante del popular opioide Oxycontin, acordó pagar al estado 270 millones de dólares en marzo, en tanto Teva negoció un acuerdo de 85 millones.
