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El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció un giro estratégico en la posición británica frente a la guerra en Oriente Medio al autorizar a Estados Unidos el uso de bases militares conjuntas para lanzar ataques considerados exclusivamente defensivos contra Irán.
La decisión fue comunicada el domingo por la noche desde Downing Street y marca un cambio relevante respecto a la postura adoptada apenas dos semanas antes, cuando Londres había rechazado participar o facilitar operaciones militares estadounidenses.
Según el Gobierno británico, Washington solicitó permiso para utilizar la base estratégica de Diego García, en el océano Índico, y la base aérea RAF Fairford, en Gloucestershire, con el objetivo de destruir misiles iraníes y sus plataformas de lanzamiento.
Starmer justificó la autorización bajo el principio de “legítima defensa colectiva”, señalando que la medida se ajusta al derecho internacional y busca impedir ataques que podrían causar víctimas civiles y poner en riesgo a ciudadanos y militares británicos desplegados en la región.
Defensa sí, ofensiva no
El Gobierno británico ha intentado trazar una línea jurídica clara entre la nueva decisión y la ofensiva inicial de Estados Unidos e Israel, que culminó con la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei.
El fiscal general británico, Lord Hermer, había advertido previamente que permitir ataques ofensivos desde territorio británico podría constituir una violación del derecho internacional, especialmente porque el presidente estadounidense Donald Trump defendió la operación como parte de un objetivo más amplio de cambio de régimen en Teherán.
Por ello, Londres insiste en que no participó en los bombardeos iniciales ni se sumará a acciones ofensivas, limitando su apoyo a operaciones destinadas a interceptar amenazas activas.
Ataque con drones a base británica en Chipre
En paralelo al anuncio político, el Ministerio de Defensa británico confirmó que fuerzas militares respondieron a un presunto ataque con drones contra la base aérea RAF Akrotiri, ubicada en territorio británico de ultramar cerca de Limassol, en Chipre.
El ataque ocurrió alrededor de la medianoche y no dejó víctimas. Londres informó que la situación permanecía activa y que el nivel de protección militar en la región se encuentra en su punto más alto.
En las últimas semanas, Reino Unido había reforzado la instalación con sistemas de defensa aérea, radares, capacidades antidrones y aviones F-35 como parte de medidas preventivas ante la escalada regional.
Grecia anunció que enviará fragatas y apoyo aéreo a la base.
Presiones diplomáticas y cambio de cálculo
La decisión llega tras un fin de semana de fuertes presiones políticas y diplomáticas. Países del Golfo expresaron malestar por la negativa inicial británica, mientras Trump manifestó públicamente su “decepción” por la demora en autorizar el uso de las bases.
El panorama cambió tras la respuesta iraní, caracterizada por el lanzamiento masivo de misiles balísticos y drones en toda la región, lo que elevó el riesgo para cientos de miles de ciudadanos británicos y fuerzas militares desplegadas.
Un nuevo análisis legal encargado por el Gobierno concluyó que atacar instalaciones de misiles iraníes podía considerarse una acción legítima de autodefensa colectiva.
Starmer subrayó que la cautela británica también responde al recuerdo político de la guerra de Irak y al costo que tuvo para el Partido Laborista apoyar la invasión liderada por Washington.
“Todos recordamos los errores de Irak. Y hemos aprendido esas lecciones”, afirmó el primer ministro.
