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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que la Joint Task Force Southern Spear ejecutó un ataque cinético contra un norcobuque en aguas internacionales del Pacífico Oriental. Según un comunicado del United States Southern Command (Southcom), la embarcación operaba bajo una organización designada como terrorista, transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta reconocida de narcotráfico.
“La operación dejó como saldo cuatro terroristas muertos”, afirmó el Departamento de Guerra en su cuenta de X, en donde compartió el video del seguimiento y posterior ataque que hizo volar en mil pedazos al navío.
Con este ataque se eleva el total de muertes registradas en la ofensiva marítima de Estados Unidos (iniciada en septiembre), a unas 90 personas tras decenas de intervenciones contra embarcaciones sospechosas.
La ofensiva forma parte de la estrategia del gobierno de Donald J. Trump para combatir el narcotráfico, presentando a ciertos cárteles como grupos terroristas, lo que justificaría el uso de fuerza militar en aguas internacionales. Trump ha advertido que estos ataques podrían no limitarse al mar y que países involucrados en el tráfico de drogas (con alusiones indirectas hacia Colombia y Venezuela), podrían ser blanco de acciones más amplias.
El presidente de la República, Gustavo Petro, salió a advertir públicamente que: “Aquí la orden del comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia … es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida”.
La reacción internacional y política se ha disparado. Diversos gobiernos latinoamericanos, junto con organismos de derechos humanos y críticos del derecho internacional, rechazan lo que consideran “muertes extrajudiciales” y “uso desproporcionado de la fuerza”.
Recientemente una comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela fue conformada para investigar el asesinato de varios se sus ciudadanos en medio de esos ataques en mar abierto, hecho que anunciaron será denunciado ante la Corte Penal Internacional.
