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La crisis migratoria actual sigue generando preocupación en distintos estados que comparten frontera con México. Esta vez, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el 23 de febrero, propuso algunas medidas contra las “crecientes amenazas que plantea la inmigración ilegal”.
Se trata de una amplia propuesta legislativa con la que busca tomar medidas contra las amenazas de la inmigración ilegal como parte del 'fracaso' de la administración Biden para, así, “asegurar la frontera” de los Estados Unidos.
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“Con esta legislación, Florida continúa tomando medidas enérgicas contra el contrabando de extranjeros ilegales, impidiendo que los municipios emitan tarjetas de identificación a las personas que están aquí ilegalmente y asegurando que los empleadores contraten a ciudadanos estadounidenses o a los que están aquí legalmente”, dijo DeSantis.
Plan contra inmigrantes sin documentación en Florida
El gobernador señaló que se van a "proponer medidas adicionales para proteger a los floridanos de estas políticas federales imprudentes, incluida la verificación electrónica obligatoria y la prohibición al gobierno local de emitir tarjetas de identificación a extranjeros ilegales".
Entre estas medidas está:
- Mejorar las sanciones por falsificación de documentos
- Exigir el uso universal de E-Verify
- Prohibir que los gobiernos locales expidan tarjetas de identificación a personas que no se encuentran legalmente en el país
- Fortalecer los estatutos para la detención de extranjeros ilegales
- Aumentar las sanciones por tráfico de personas
Asimismo, dicha propuesta buscará invalidar todas las licencias de otros estados para extranjeros no autorizados, evitará que los inmigrantes no autorizados sean admitidos para ejercer la abogacía y elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados y se advierte que aquellos que se registren para votar deben afirmar que son ciudadanos de los Estados Unidos y residentes legales de Florida.
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Adicionalmente, las medidas subrayan que el tráfico de personas, transportar, ocultar o albergar a sabiendas a un extranjero ilegal dentro o hacia el estado, tendrá un aumento de penas.
En este sentido, será un delito grave de tercer grado, punible con hasta cinco años de prisión, una multa de $5,000 y cinco años de libertad condicional. En caso de ser inmigrante ilegal menor de 18 años, será delito grave de segundo grado y será punible con hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 10,000 dólares. Por cada persona transportada, oculta o albergada, será un delito separado. Y por último, esta legislación, permitirá que las personas transportadas sean detenidas por las fuerzas del orden público como testigos materiales.
Por otro lado, la propuesta, en cuestión de la atención en hospitales, requiere que estos establecimientos informen periódicamente los datos al gobernador y la legislatura y asimismo, recopilen datos sobre el estado migratorio de los pacientes y los costos para brindar atención a los extranjeros ilegales.
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