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Este lunes arranca el primer juicio penal contra el expresidente Donald Trump; un evento histórico, pues es la primera vez que un exmandatario enfrenta un juicio a nivel penal. Para la confrontación, su equipo legal se ha estado preparando por más de un año, en un caso que lo involucra por presunta falsificación en registros comerciales derivados de un soborno a una actriz de cine para adultos.
El juicio en Manhattan representa una situación única en comparación con otros tres casos penales pendientes contra Trump. Estos casos también han utilizado tácticas dilatorias, pero es en Nueva York donde estas estrategias parecen haber alcanzado un nivel crítico. Según fuentes anónimas dijeron al Washington Post familiarizadas con la defensa, la estrategia en este caso se centra en negar la participación de Trump en las conversaciones clave sobre pagos a su ex abogado Michael Cohen, destinados a silenciar alegaciones de una cita extramatrimonial con la actriz Stormy Daniels.
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Los fiscales argumentan que estos pagos fueron clasificados erróneamente como honorarios legales en lugar de gastos de campaña, lo cual es central para el caso de falsificación de registros comerciales en su contra.
A diferencia de sus otros juicios, donde la defensa admite la conducta pero disputa su criminalidad, en Nueva York Trump se declara completamente inocente. La pasada semana, sus abogados hicieron múltiples intentos ante un tribunal de apelaciones para detener el juicio, sin éxito. La firme creencia de Trump, expresada por su exabogado David Schoen, es que todos los juicios deberían posponerse hasta después de las elecciones, un reflejo de una estrategia más amplia para manipular los tiempos procesales a su favor.
Además de los intentos de retraso, Trump ha intentado socavar activamente la credibilidad de sus acusadores, desde el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, hasta el fiscal de distrito Alvin Bragg y testigos clave como Cohen y Daniels. Este enfoque de atacar al sistema judicial y a quienes lo acusan ha resonado sorprendentemente bien entre su base republicana, fortaleciéndola incluso en medio de la controversia.
El abogado defensor Ron Kuby señala que, mientras muchos acusados intentan retrasar sus juicios, lo notable de Trump es su capacidad para hacerlo con un éxito público sin precedentes. El enfoque de su equipo legal, liderado por Todd Blanche, ha sido intensificar esfuerzos para ralentizar el proceso mediante la redacción de numerosas mociones y apelaciones, examinando cada acusación minuciosamente.
En el frente de los documentos clasificados, por ejemplo, Trump y su equipo han adoptado una postura de desafío total, desacelerando significativamente el progreso de ese caso. Esto se refleja en una reciente solicitud para posponer una fecha límite impuesta por la jueza Aileen M. Cannon, argumentando que necesitan más tiempo para prepararse en un entorno de alta seguridad.
Este mismo enfoque se ha replicado en los otros casos, con los abogados de Trump solicitando acceso extensivo a pruebas potenciales que podrían alterar el curso de los juicios.
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A medida que se acerca la fecha del juicio en Manhattan, la atención se centra en la dificultad de seleccionar un jurado imparcial dado el alto perfil de Trump y su figura polarizadora. Jeffrey Bellin, profesor de derecho y exfiscal federal, destaca la singularidad de este proceso, comparándolo con otros juicios de celebridades donde la neutralidad del jurado es menos preocupante.
Finalmente, la conducta de Trump en juicios previos, como el juicio civil contra E. Jean Carroll, muestra su tendencia a desafiar las normativas judiciales, lo cual podría complicar aún más su situación actual.
