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Después de que el juez Arthur Engoron le ordenara a pagar una millonaria cifra al expresidente Donald Trump por inflar el valor de sus empresas en Nueva York, el magnate declaró que no tenía cómo pagar la multa ni la fianza, su equipo de asesores evalúa la posibilidad de que se declare en bancarrota, aún si eso socava su imagen de empresario exitoso de cara a la carrera por la presidencia
Con una multa monumental, que asciende a casi 500 millones de dólares, el panorama financiero del expresidente se ve cada vez más complicado.
Aunque la bancarrota emerge como una vía de escape aparentemente viable para sus complicaciones financieras inmediatas, Trump se muestra reticente a tomar este camino, temiendo el impacto negativo que podría tener en su intento de reconquistar la Casa Blanca frente a Joe Biden este noviembre.
Cuatro fuentes cercanas a Trump, consultadas por The Washington Post, quienes prefirieron mantener el anonimato, han compartido que, a pesar de la presión financiera, la opción de la quiebra no está siendo considerada.
Esta decisión parece estar influenciada en gran medida por cómo esta medida podría ser percibida por el electorado. Trump, cuya imagen de hombre de negocios exitoso ha sido un pilar de su atractivo político, teme que un movimiento hacia la quiebra empañe su reputación de éxito financiero, crucial para su campaña.
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La posibilidad de una declaración de quiebra, ya sea personal o a través de una de sus empresas, ofrecería a Trump un respiro significativo, posponiendo la obligación de saldar la impresionante sentencia que crece en más de $100,000 diarios debido a los intereses.
Sin embargo, el reloj avanza implacablemente hacia un lunes crítico. Si para entonces Trump no logra asegurar la fianza necesaria para apelar la sentencia, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, podría iniciar procedimientos para incautar activos significativos, incluidas propiedades emblemáticas como la Torre Trump en 40 Wall Street.
A pesar de haber navegado por las aguas de la quiebra en seis ocasiones anteriores, principalmente durante sus turbulentos años en el negocio de casinos de Atlantic City, Trump se ha distanciado de esa opción, al menos por el momento. Ha descrito esas maniobras como estrategias de un inversor astuto, diferenciando claramente entre las quiebras corporativas y una declaración de quiebra personal.
Mientras tanto, un portavoz de Trump ha enfatizado la intención de continuar la batalla legal, describiendo los esfuerzos para suspender la sentencia como una lucha contra lo que consideran una persecución política injusta y antiestadounidense.
Esta postura se encuentra en medio de un escenario donde los abogados del expresidente mantienen un optimismo cauteloso sobre la posibilidad de que el monto de la fianza se reduzca, ofreciendo un alivio temporal a la asfixiante situación financiera de Trump.
El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, ha determinado que Trump y sus dos hijos mayores, junto con dos ejecutivos, presentaron datos financieros fraudulentos, imponiéndoles una multa superior a los 350 millones de dólares.
La resolución agrega una capa adicional de complejidad a la situación financiera ya tensa del conglomerado Trump, presionándolo hacia una decisión crítica que podría tener implicaciones de largo alcance tanto en su futuro empresarial como político.
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La encrucijada de Trump se ve agravada por el hecho de que sus opciones para asegurar una fianza son limitadas, enfrentándose a la desconfianza de las compañías de fianzas y a la frialdad de los bancos de Wall Street.
La posibilidad de encontrar un aliado financiero en este momento crucial es una apuesta arriesgada, con implicaciones que van más allá de lo financiero y se adentran en el terreno de lo político.
A principios de esta semana, Trump describió el pago de la multa como “sin precedentes y prácticamente imposible para cualquier empresa, incluida una tan exitosa como la mía”.
