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El juez natural designado por la Corte Suprema de Honduras para estudiar el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, ordenó este martes su captura, informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte.
"El juez natural ha firmado ya esta orden considerando que hay un resguardo encabezado por el titular de Seguridad (Ramón Sabillón) en esa zona. Se estará canalizando en estos próximos minutos", dijo Duarte a los periodistas.
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Minutos antes de conocerse la decisión del juez, la defensa de Hernández, que estaría en su casa en Tegucigalpa custodiado por la policía, dijo que este ya había expresado "su compromiso de entregarse de forma voluntaria para seguir el proceso legal correspondiente y defender su inocencia".
Señalaron además que se está velando por el cumplimiento de los derechos fundamentales del expresidente para evitar que se ejecuten ordenes fuera del contexto y del ámbito del juez natural, lo que significaría una violación a sus derechos humanos.
El expresidente fue capturado inmediatamente en su casa en Tegucigalpa y trasladado a rendir su primera declaración ante el juez natural que ordenó su detención.
Hernández fue capturado bajo un riguroso dispositivo de seguridad que desde la noche del lunes rodeó su residencia en una zona exclusiva de la capital hondureña. La operación de captura la encabezó el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.
El exgobernante, que dejó el cargo el 27 de enero pasado, después de gobernar durante ocho años, confirmó hoy ser objeto de una petición de captura con fines de extradición hecha por las autoridades de Estados Unidos y dijo que está "presto y listo para colaborar".
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Las autoridades estadounidenses anunciaron la semana pasada la cancelación del visado de entrada al país a Hernández por su presunta vinculación con actos significativos de "corrupción y narcotráfico".
El hermano del expresidente, el exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández, fue condenado en Estados Unidos en marzo de 2021 a cadena perpetua y 30 años más, por narcotráfico.
