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Como parte del nuevo enfoque migratorio del presidente Donald Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha venido publicando una serie de advertencias dirigidas a los poseedores de Green Card, residentes permanentes en ese país.
"Todos deberían estar enterados", advierte esa oficina, en uno de sus mensajes de redes sociales. "Si son huéspedes en nuestro país, actúen como tales", señala.
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A renglón seguido, asegura que su "robusto programa de vetos" hace constante monitoreo de redes sociales para identificar riesgos para la seguridad pública nacional y "cualquier amenaza para nuestro estilo de vida".
En otro de los mensajes señala que Green cards y visas serán revocadas no solamente en violaciones de la ley, sino también si consideran que existe "apoyo el terrorismo, abuso del tiempo permitido de estadía, trabajo ilegal" o "cualquier otra cosa que comprometa la seguridad de los americanos".
Sin embargo, no aclara a qué se refiere exactamente con este tipo de contravenciones, pues se han documentado casos en los que interpretan manifestaciones a favor del pueblo palestino como apoyo a terroristas.
Condiciones para mantener la Green Card y por qué podría perderla
Obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos, representada en una Green Card, otorga a sus titulares una serie de derechos, pero también implica responsabilidades y condiciones que deben cumplirse para conservar el estatus. Una persona conserva su estatus de residente permanente hasta que se naturaliza como ciudadano estadounidense o pierde dicho estatus voluntaria o involuntariamente.
Pese a que la autoridad migratoria hace advertencias continuas de todo tipo, legalmente existen casos claros en los que se puede perder. Por ejemplo, si la persona se convierte en residente condicional a través de un matrimonio o inversión y se detecta fraude en alguno de esos trámites. También se puede perder el estatus si un juez de inmigración emite una orden final de expulsión en su contra.
Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) puede iniciar un proceso de rescisión durante los primeros cinco años si determina que el solicitante no era elegible para recibir la Green Card en el momento de la aprobación.
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Otra causa frecuente de pérdida del estatus es el abandono voluntario. Esto puede suceder si el titular de la Green Card se muda a otro país con la intención de residir allí de forma permanente, si se declara como no inmigrante en sus declaraciones fiscales ante el IRS, o si permanece fuera del país por períodos prolongados sin demostrar que la ausencia fue temporal.
Como residentes permanentes, los titulares de la Green Card tienen derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos y a recibir la protección de las leyes federales, estatales y locales. No obstante, deben cumplir con ciertas obligaciones, como obedecer todas las leyes, declarar y pagar impuestos ante el IRS y las autoridades fiscales estatales, y registrarse en el Servicio Selectivo si son hombres entre 18 y 25 años.
Aunque se espera que apoyen el sistema democrático del país, no tienen derecho a votar en elecciones federales, estatales ni locales.
Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha reactivado y fortalecido una serie de políticas migratorias restrictivas que ya había promovido durante su primer mandato. Una de las principales medidas ha sido la reimplementación de protocolos que obligan a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se resuelve su proceso legal.
Otro cambio relevante ha sido el endurecimiento de los requisitos para la residencia y la naturalización. La administración Trump volvió a establecer filtros más estrictos en los antecedentes migratorios y penales de los solicitantes, así como limitaciones para acceder a beneficios públicos sin que eso afecte su estatus migratorio.
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Adicionalmente, se han reducido las cuotas de admisión para refugiados y se han impuesto restricciones adicionales a ciudadanos de países considerados de alto riesgo, reactivando vetos migratorios selectivos que habían sido desmantelados.
En cuanto a la vigilancia interna, el gobierno de Trump ha aumentado el número de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en zonas urbanas y rurales, resultando en deportaciones sumarias masivas. También se ha fortalecido el uso de tecnología para monitorear a inmigrantes en procesos judiciales, incluyendo el uso de aplicaciones móviles, brazaletes electrónicos y bases de datos compartidas entre agencias federales y locales.
Estos cambios han generado una mayor presión sobre las comunidades migrantes, y han sido criticados por organizaciones de derechos civiles que advierten sobre el impacto humanitario de estas políticas.
