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La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó ampliar los casos en los que se puede abortar en el país, entre ellos para los casos en que la gestante haya sido violada, en el marco de una reforma al Código Integral Penal (COIP).
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"Con 65 votos afirmativos, el Pleno 611 de la Asamblea Nacional no aprueba las reformas al COIP referentes al aborto no punible", indicó el Legislativo ecuatoriano en Twitter.
Con ello niega la moción que abogaba por despenalizar el aborto por violación y mantiene la actual legislación vigente.
La reforma planteada y que se votó en diferentes bloques tenía por objeto modificar 45 artículos del COIP, crear otros 17 e introducir seis disposiciones transitorias generales y una final. Sin embargo, en lo respectivo al aborto, el Código Orgánico Integral Penal no se moverá un ápice.
La propuesta rechazada formulaba que las mujeres pudieran acudir a la práctica del aborto en caso de violación, estupro, inseminación no consentida, mal formación del feto e incesto.
En Ecuador el aborto es legal solo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la gestante y cuando se presenta un embarazo resultado de una violación a una mujer con discapacidad mental.
En este caso, la persona que haga abortar a una mujer que haya consentido en ello, de acuerdo a la legislación vigente, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Asimismo, la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, es susceptible de ser sancionada con una pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
Más de 20.000 niñas menores de catorce años parieron en Ecuador entre 2008 y 2018, de acuerdo con datos oficiales.
Según las ONG que trabajan sobre la materia, todas fueron atendidas en el sistema de salud y la única respuesta que recibieron fue la de continuar el embarazo y su consiguiente maternalización.
El 80 por ciento de los casos fueron fruto de abusos sexuales en el entorno familiar, en la escuela o en su comunidad religiosa.
Sí al cannabis medicinal y al retiro de Unasur
Con 85 votos a favor, el pleno número 611 de la Asamblea aprobó las reformas planteadas referentes a sustancias sujetas a fiscalización.
De esta manera, y gracias a la reforma aprobada, se permitirá la producción, comercialización, distribución, uso y consumo del cannabis para usos medicinales o terapéuticos en el país.
Respecto a Unasur, se aprobó la salida del país de ese organismo regional al considerar que este incumplió con los objetivos de integración para el cual fue creado y que hubo intereses de varios Gobiernos en emplearlo como plataforma ideológica.
Con 79 votos a favor, 36 en contra, 4 abstenciones y ningún voto nulo, la Cámara legislativa dio el visto bueno al informe que había sido elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea y que aguardaba la ratificación del pleno del Parlamento.
Se ahonda entonces la crisis en Unsaur, sobre todo por las posiciones encontradas sobre la crisis venezolana. Ecuador se suma entonces a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Colombia que desde 2018 suspendieron su participación y financiación.
Tras la ratificación del pleno de la Asamblea, el resultado deberá ser enviado al presidente de la República, Lenín Moreno, antes de que el mandatario anuncie formalmente la salida del organismo continental, medida que cuenta con un lapso de seis meses para que se formalice.
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La organización cuenta con una sede física y en desuso que se encuentra en la Mitad del Mundo, al norte de Quito, aunque Moreno anunció que el edificio se convertirá en una universidad indígena.
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