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El Departamento de Justicia de Estados Unidos en cabeza de Pam Bondi publicó la acusación completa que hasta ahora no se conocía contra el dictador venezolano Nicolás Maduro Moros en la que se le acusa de liderar durante más de dos décadas una estructura criminal transnacional que convirtió al Estado venezolano en una plataforma para el narcotráfico, el narcoterrorismo y la corrupción a gran escala, según un Superseding Indictment presentado por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fuero capturados en la madrugada de este sábado por el Ejército estadounidense.
El documento judicial sostiene que Maduro y su círculo más cercano utilizaron el poder político, militar y diplomático para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, en alianza con organizaciones armadas consideradas terroristas y con algunos de los carteles más violentos del continente.
Desde finales de la década de 1990, de acuerdo con la acusación, las instituciones venezolanas fueron progresivamente capturadas y corrompidas para proteger y promover actividades ilícitas. La fiscalía describe a Maduro como “la figura central” de ese sistema, señalando que “ha corrompido cada cargo público que ha ocupado”, desde su etapa como diputado hasta su ejercicio como canciller y presidente de la República.
El núcleo de la acusación gira en torno al llamado “Cartel de los Soles”, definido como una red integrada por altos mandos militares, funcionarios civiles y miembros del entorno familiar de Maduro, que habría garantizado protección institucional al narcotráfico a cambio de lealtad política y beneficios económicos.
Según el documento, Venezuela se transformó en un corredor estratégico del narcotráfico internacional, aprovechando su ubicación geográfica, su acceso al Caribe y su extensa frontera con Colombia. La acusación estima que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por territorio venezolano, enviadas por vía aérea y marítima hacia Centroamérica, el Caribe, México y, finalmente, Estados Unidos.
Referencias a Colombia y el tráfico de cocaína
El texto judicial afirma que la cocaína era producida principalmente en Colombia, en regiones controladas por grupos armados ilegales, y luego trasladada a Venezuela con protección directa de funcionarios civiles y militares venezolanos, quienes aseguraban el paso seguro de los cargamentos y su posterior exportación.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ocupan un lugar central en la acusación. Ambos grupos son señalados como socios estratégicos del chavismo, con presencia operativa en territorio venezolano, campamentos protegidos y coordinación directa con altos funcionarios del régimen.
El documento detalla que las FARC y el ELN no solo producían y custodiaban la cocaína en Colombia, sino que también recibían armas, refugio y apoyo logístico desde Venezuela, consolidando una alianza que, según la fiscalía, permitió financiar actividades armadas y desestabilizadoras en ambos países.
Además de los grupos colombianos, la acusación incluye alianzas con el Cartel de Sinaloa, Los Zetas (CDN) y el Tren de Aragua, todos descritos como organizaciones violentas que se beneficiaron de la protección estatal venezolana para expandir sus operaciones regionales.
Entre los acusados figuran Diosdado Cabello, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”) y Ramón Rodríguez Chacín, a quienes se les atribuyen roles específicos dentro de la estructura criminal, desde la coordinación política y militar hasta la gestión directa de envíos de droga y el uso de recursos estatales para encubrir operaciones.
La fiscalía sostiene que Maduro utilizó incluso la diplomacia venezolana como herramienta del narcotráfico, al facilitar pasaportes diplomáticos y vuelos protegidos para el traslado de dinero proveniente de la droga, así como el uso de aeropuertos oficiales y hangares presidenciales para despachar cargamentos de cocaína.
Uno de los episodios citados señala que aviones privados y comerciales despegaron desde aeropuertos venezolanos con droga a bordo, bajo cobertura oficial, y que en algunos casos las autoridades arrestaron a militares de bajo rango para desviar la atención pública tras decomisos internacionales.
El documento también vincula a Nicolás Maduro Guerra con reuniones en Medellín, Colombia, donde, según la acusación, se discutieron envíos futuros de cocaína y armas, así como esquemas de pago con armamento a organizaciones armadas colombianas.
La frontera colombo-venezolana aparece descrita como un eje clave del sistema criminal, con pistas clandestinas controladas por grupos armados, vuelos irregulares y protección directa de altos funcionarios venezolanos. La fiscalía afirma que estas rutas permitieron mantener un flujo constante de droga incluso en medio de sanciones internacionales.
En el plano jurídico, el gran jurado imputa a los acusados cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, uso de armas de guerra y apoyo material a organizaciones terroristas, delitos que conllevan penas máximas de cadena perpetua, además del decomiso de bienes y activos vinculados a las operaciones ilícitas.
El documento subraya que, para Estados Unidos, el narcotráfico no fue un efecto colateral del régimen venezolano, sino una política deliberada, diseñada para enriquecer a la élite gobernante, sostener su permanencia en el poder y “usar la cocaína como arma contra la sociedad estadounidense”.
La acusación concluye que la red criminal descrita operó durante más de 25 años, con continuidad entre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que la magnitud del esquema convirtió al Estado venezolano en uno de los principales facilitadores del narcotráfico hemisférico, con impactos directos en Colombia, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.
