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Tres peticiones concretas para que se exija el cumplimiento de unas mínimas garantías al gobierno venezolano fueron planteadas por Jorge Armando Otálora Gómez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al cumplirse tres años de su gestión como Defensor del Pueblo, y ante la crisis humanitaria que se mantiene en la frontera con Venezuela, Jorge Armando Otálora Gómez solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de miles de colombianos afectados por el cierre limítrofe.
El funcionario fue recibido en la sede del organismo multilateral, ubicada en la capital estadounidense, por el Despacho del Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión, ante el cual sustentó la aplicabilidad de los principios de gravedad, urgencia e irreparabilidad, en virtud de la violación de derechos como el interés superior del niño, el derecho a no ser separado de su familia, el derecho a la integridad personal, el derecho a la circulación y residencia y el derecho a la propiedad, todos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
En este orden de ideas, y a fin de evitar la consumación de daños irreparables para los colombianos afectados por las medidas arbitrarias de las autoridades en el vecino país, el Defensor del Pueblo le pidió a la Comisión Interamericana requerir al Estado Venezolano lo siguiente:
Detener de manera inmediata cualquier expulsión colectiva o sumaria de nacionales colombianos, hasta tanto no se garantice que cualquier migrante en situación irregular tenga acceso a un procedimiento con las garantías fundamentales al debido proceso, antes de ser deportado.
Adoptar de forma urgente todas las medidas que considere necesarias para garantizar que se respete la unidad de las familias de los migrantes que puedan ser sujetos de deportación, y se les proteja de toda forma de discriminación o violencia.
Abstenerse de adoptar cualquier medida tendiente a destruir las propiedades ubicadas en el territorio venezolano de las personas colombianas que han sido conminadas a migrar forzadamente y a retornar al país.
Al cierre de esta jornada, la Defensoría del Pueblo acumuló 1.478 quejas formales de los colombianos afectados por el cierre fronterizo, 505 por agresión física y verbal de la Guardia Bolivariana, 462 por desintegración familiar, 266 por despojo de pertenencias, 183 por derribo de viviendas y 145 por retención de documentos, teniendo presente que en algunos casos los peticionarios han manifestado ser víctimas de más de una de estas conductas violatorias de los derechos humanos.
Escuche las declaraciones del Defensor del Pueblo en LA F.m.
