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Un almirante de Estados Unidos que actuaba bajo la autoridad del secretario de Defensa Pete Hegseth ordenó un segundo ataque dirigido a los sobrevivientes de una ofensiva inicial contra una supuesta embarcación de contrabando de drogas, informó la Casa Blanca el lunes.
La legalidad de los ataques letales de la administración Trump contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico ha sido cuestionada, y los reportes sobre el ataque secundario contra los sobrevivientes generaron más acusaciones de un posible crimen de guerra.
Críticas desde Venezuela y contexto regional
El líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Washington de usar el combate al narcotráfico como pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y rechazó una “paz de esclavos” para la región, en medio de crecientes temores sobre una posible acción militar estadounidense.
Un total de 11 personas murieron en los dos ataques a principios de septiembre, los primeros de una campaña militar que, hasta ahora, ha dejado más de 80 muertos.
Defensa del gobierno de Trump
La administración Trump insiste en que está, en efecto, en guerra contra presuntos “narcoterroristas”, y la Casa Blanca afirmó que el almirante Frank Bradley, actual líder del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., actuó de manera legal y adecuada al ordenar el segundo ataque.
Bradley “actuó completamente dentro de su autoridad y de la ley al dirigir la operación para garantizar que la embarcación fuera destruida y que la amenaza para los Estados Unidos de América fuera eliminada”, dijo la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.
Hegseth “autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos”, añadió.
Bajo presión, Hegseth pareció enfatizar que la decisión fue de Bradley.
“Lo respaldo a él y las decisiones de combate que ha tomado —en la misión del 2 de septiembre y en todas las demás desde entonces—”, publicó el lunes por la noche en X, calificando a Bradley como “un héroe estadounidense”.
Algunos miembros del personal militar, bajo condición de anonimato, dijeron al Washington Post que esto es “protejan a Pete, pura basura”.
Otro oficial militar dijo al medio que la declaración de Leavitt “dejó a interpretación” quién fue responsable del segundo ataque e instó a la Casa Blanca a brindar más claridad.
Presión política y acusaciones bipartidistas
“Eventualmente sabremos qué pasó realmente”, prometió el republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, quien abrió una investigación sobre el asunto.
Los demócratas también reaccionaron, y el senador Chris Murphy acusó a Hegseth de “pasar la responsabilidad”.
“Tanto republicanos como demócratas están llegando a la conclusión de que esto fue un acto ilegal, tremendamente inmoral, y él está desviando la culpa”, dijo Murphy a CNN.
El congresista Mike Turner, republicano del Comité de Servicios Armados de la Cámara, dijo que los legisladores aún no han sido informados sobre el ataque “double-tap”.
“La gente ha estado muy preocupada por cómo se han ejecutado estos ataques”, afirmó en la misma transmisión.
Medios estadounidenses reportaron la semana pasada que un ataque inicial el 2 de septiembre dejó a dos personas con vida, quienes habrían sido asesinadas en el ataque posterior para cumplir las órdenes de Hegseth, pero el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, insistió en que “toda esta narrativa es falsa”.
Ataques posteriores que dejaron sobrevivientes fueron seguidos por esfuerzos de búsqueda y rescate que recuperaron a dos personas en un caso y no lograron encontrar a otra más tarde en octubre.
Límite legal y posibles crímenes de guerra
La operación militar del 2 de septiembre parecería violar el propio Manual de Ley de la Guerra del Pentágono, que establece: “Por ejemplo, dar órdenes de disparar contra náufragos sería claramente ilegal”.
Las senadoras demócratas Jacky Rosen y Chris Van Hollen han señalado que los ataques del 2 de septiembre podrían constituir un crimen de guerra, mientras que el senador Mark Kelly pidió el lunes que el Congreso investigue.
“Me preocupa que si hubo, de hecho, como se reporta, sobrevivientes aferrados a una embarcación dañada, eso podría haber pasado un límite”, dijo el ex piloto de combate y astronauta.
Kelly fue uno de seis legisladores que publicaron un video el mes pasado diciendo que “órdenes ilegales” pueden ser rechazadas, un gesto que enfureció a Trump y provocó una investigación del Pentágono sobre los “comentarios potencialmente ilegales” del oficial retirado de la Marina estadounidense.
