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Las alarmas sobre la integridad del sistema de “trazabilidad” ganadera en Colombia se encendieron tras la revelación de informes internos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que evidencian inconsistencias masivas en el sistema “Sinigán”. A las preocupaciones técnicas se suman ahora los cuestionamientos políticos y sectoriales, luego de que el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, responsabilizara directamente al Estado por el deterioro del modelo.
Las cifras son contundentes: miles de registros irregulares, animales sin vacunación y fallas estructurales en la gestión de datos. Para Lafaurie, estos problemas no son nuevos ni aislados, sino el resultado de decisiones institucionales acumuladas durante más de una década.
“Responsabilidad del gobierno” y ruptura institucional
El dirigente gremial fue enfático al deslindar a Fedegán de la crisis y atribuir la situación al manejo estatal del sistema. “Todo lo que dice el informe es responsabilidad del gobierno”, afirmó, marcando distancia frente a las fallas detectadas en “Sinigán”.
Según explicó, el origen de los problemas se remonta a decisiones adoptadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se retiró a Fedegán del manejo de funciones clave como la expedición de guías de movilización y la administración de la “trazabilidad”. “Eso que aplaudieron muchos terminó en los focos de aftosa”, sostuvo.
Lafaurie insiste en que la pérdida de control técnico por parte del gremio derivó en una fragmentación del sistema y en la pérdida de coherencia en la información sanitaria del país.
Animales sin registro y frontera vulnerable
Uno de los puntos más sensibles es el de los animales sin vacunación registrada. Mientras los informes del ICA hablan de más de 7,4 millones de cabezas en esa condición, Lafaurie ofreció una explicación distinta: “Evidentemente esos 7 millones y tantos animales fueron los que llegaron de Venezuela”, aseguró.
El presidente de Fedegán afirmó que esta situación fue denunciada ante el gobierno nacional en su momento y vinculó el fenómeno con el contrabando en la frontera. Según su versión, el ingreso irregular de ganado habría desbordado la capacidad del sistema de “trazabilidad” y generado distorsiones en los registros sanitarios.
Además, advirtió que este tipo de fallas no solo afectan la confiabilidad de los datos, sino que representan un riesgo directo para el estatus sanitario del país, especialmente frente a enfermedades como la fiebre aftosa.
“Vagabunderías” en las guías de movilización
Otro de los ejes críticos señalados por Lafaurie es el manejo de las guías sanitarias. El dirigente fue particularmente duro al referirse a las irregularidades: habló de “vagabunderías de las guías de movilización”, en referencia a prácticas que habrían permitido inconsistencias en el tránsito del ganado.
El problema, según explicó, radica en la falta de articulación entre los diferentes eslabones del sistema. “Es necesario que calcen las guías de movilización con las plantas de sacrificio”, advirtió, subrayando que actualmente no existe una verificación efectiva entre el origen y el destino de los animales.
Esta desconexión, dijo, abre la puerta a la informalidad y dificulta el control sanitario, debilitando la capacidad del Estado para garantizar la “trazabilidad” completa del ganado.
Informalidad y sacrificio sin control
Lafaurie también puso el foco en el sacrificio ilegal de animales, un fenómeno que, según sus estimaciones, podría involucrar entre 700.000 y 1,1 millones de cabezas al año. Esta cifra refleja una economía paralela que escapa a los controles oficiales y que se ve favorecida por las fallas en el sistema “Sinigán”.
“Tenemos una informalidad gigantesca”, afirmó, al tiempo que insistió en que la falta de integración entre bases de datos permite que animales circulen sin un seguimiento adecuado. Para el dirigente, este es uno de los principales riesgos estructurales del sistema actual.
Un sistema “desguazado” y en reconstrucción
En su diagnóstico más crítico, Lafaurie aseguró que el sistema fue deliberadamente debilitado: “Lo desguazaron”, dijo, al referirse a decisiones institucionales que, en su concepto, fragmentaron la arquitectura de la “trazabilidad” ganadera.
A su juicio, esta situación explica la existencia de guías activas sin cierre, registros inconsistentes y la imposibilidad de cruzar información en tiempo real. Sin embargo, también valoró el reconocimiento oficial de las fallas: calificó como un “acto de honestidad institucional” que el ICA haya admitido los problemas.
El reto ahora, coinciden las partes, es la implementación de una nueva versión del sistema que permita recuperar la confianza en los datos y garantizar la integridad de la información sanitaria. En un sector clave para la economía colombiana, la reconstrucción de la “trazabilidad” no solo es un desafío técnico, sino una condición indispensable para la seguridad alimentaria y la credibilidad internacional del país.
