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La orden de detención cursada por la justicia española contra el expresidente regional catalán Carles Puigdemont requiere "un análisis jurídico en profundidad", según lo aseguró este martes la fiscalía de Bruselas, confirmando la recepción de la euroorden.
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"Vista la complejidad del caso y las dos euroordenes emitidas anteriormente contra C. Puigdemont, el caso requiere un análisis jurídico en profundidad", aseguró en un comunicado el ministerio público, un día después del nuevo mandato de la justicia española.
El magistrado Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, cursó el lunes una tercera euroorden contra Puigdemont "por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos", después de retirar dos anteriores que ya examinaban la justicia belga en 2017 y la alemana en 2018.
La fiscalía de Bruselas precisó que recibieron la nueva Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en español, y no en una de las tres lenguas nacionales de Bélgica o en inglés. "La justicia española afirma que presentará la traducción la próxima semana", apunta.
"Una vez recibidas las traducciones de la orden de detención europea y de todas las piezas anexas, la fiscalía de Bruselas procederá al análisis de este mandato", agrega el comunicado del ministerio público de la capital belga.
La justicia española solicitó de nuevo la extradición de Puigdemont, después de condenar a penas de hasta 13 años de prisión a exmiembros de su gobierno y otros líderes independentistas catalanes por el intento de secesión de Cataluña de España en 2017.
Puigdemont, que se fue a Bélgica tras los hechos para esquivar acciones judiciales en España, dijo este martes estar a la "entera y absoluta disposición" de la justicia belga, ante la que se presentará cuando "lo requieran".
La justicia belga ya examinó en noviembre de 2017 una primera euroorden contra Puigdemont, que la justicia española acabó retirando un mes después, al considerar que su interpretación sobre los hechos podía generar una "distorsión" con el caso instruido entonces en España.
Y, en julio de 2018, Llarena decidió retirar una segunda euroorden después que un tribunal en Alemania, donde había sido detenido el expresidente catalán, descartara extraditarlo por el grave cargo de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel, y sólo por malversación.
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A diferencia de ese entonces, la nueva euroorden no contempla el delito de rebelión, sino el de sedición y el de malversación de caudales públicos por los que fue condenado a 13 años de prisión su mano derecha en el gobierno regional, Oriol Junqueras.
