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En entrevista con La FM, Sondra Macollins, apoderada de los colombianos detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, hizo declaraciones estremecedoras, instando al Gobierno a garantizar la vida y derechos de sus representados.
La situación en Haití ha alcanzado niveles críticos, con tiroteos y caos en Puerto Príncipe. Los colombianos detenidos, según las autoridades, permanecieron en prisión durante una fuga masiva planeada por la banda de Barbecue.
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De este modo, Macollins reveló detalles impactantes sobre el intento de liberación y las amenazas que enfrentaban sus representados.
Macollins destacó que la banda buscaba ajusticiar a los colombianos fuera de la prisión y agradeció a la Cancillería por su intervención, que logró trasladar a los detenidos a una estación de policía, donde actualmente están a salvo.
Sin embargo, resaltó la incertidumbre sobre el desenlace de la situación y la importancia de la participación de la justicia haitiana.
En respuesta a la pregunta sobre las acusaciones de que la intención era asesinar a los colombianos una vez liberados, Macollins basó sus afirmaciones en los relatos de los detenidos y la información proporcionada por gendarmes y abogados en Haití.
Siendo así, la apoderada detalló la complejidad del caso, explicando que los colombianos inicialmente fueron considerados autores materiales del asesinato, pero luego se convirtieron en cómplices. Macollins señaló que la situación ha evolucionado, revelando la participación de otros actores, como la empresa estadounidense que contrató a los colombianos y los haitianos americanos involucrados.
En cuanto al apoyo del Gobierno colombiano, Macollins reconoció los esfuerzos recientes, pero subrayó la necesidad de un respaldo continuo, destacando que el canciller Leyva nombró un cónsul en propiedad y emitió un comunicado en medio de la crisis, brindando cierta garantía sobre la seguridad de los detenidos.
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No obstante, Macollins hizo un llamado respetuoso a las autoridades colombianas para que, bajo el lema de "Gobierno de los humanos", velen por los derechos y la vida de los colombianos detenidos y expresó su preocupación por la rápida condena pública de los militares, resaltando la inocencia de los 17 detenidos que, según ella, fueron abandonados por el Estado colombiano.
Finalmente, destacó la colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU para asegurar un desenlace justo y adecuado del caso. La apoderada prometió mantener informada a la opinión pública sobre los acontecimientos futuros.
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