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Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y empresario, ha sido imputado por la justicia española, lo cual ha generado todo tipo de comentarios y preguntas alrededor del caso judicial en el que está envuelto la expareja de Shakira.
La investigación se centra en el acuerdo que trasladó la Supercopa de España a Arabia Saudí y en el cual Piqué habría pactado una comisión anual de 4 millones de euros.
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La magistrada Delia Rodrigo, responsable del caso, ha dictado un auto ampliando la investigación a una quincena de personas, incluyendo a Piqué. Entre los imputados se encuentran también Pedro Rocha, presidente de la RFEF; Francisco Javier Martín Alcaide, amigo personal del expresidente de la RFEF Luis Rubiales, y varios directivos de la empresa Gruconsa, encargada de las obras del estadio sevillano de La Cartuja. Otros nombres destacados son el exasesor jurídico de la RFEF Tomás González Cueto y el exdirector de servicios jurídicos Pedro Manuel González Segura.
Uno de los puntos focales de la investigación es el contrato firmado en 2019 y prorrogado en 2020 entre la RFEF y la empresa saudí Sela, que permitió trasladar la Supercopa a Arabia Saudí. Según la jueza, el contrato incluía una "prima de éxito" de 4 millones de euros anuales para Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, que actuaba como intermediaria. Este detalle es especialmente controvertido, ya que Piqué seguía siendo jugador del Barça en el momento de la firma del contrato, y su equipo participaba en la Supercopa.
La jueza Delia Rodrigo está investigando si estos acuerdos pueden constituir delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y posible blanqueo de capitales. Pedro Rocha, en su condición de vicepresidente económico de la RFEF, habría tenido la responsabilidad de supervisar estos contratos, pero aparentemente se abstuvo de convocar a la comisión económica para analizar las prórrogas del acuerdo.
El auto también revela que la actividad empresarial de Martín Alcaide en España y la República Dominicana podría estar destinada a ocultar el destino de los fondos recibidos de Gruconsa. González Cueto, en su rol de comisionado de control externo de la RFEF, habría recibido transferencias de Dismatec, que provenían de Gruconsa, y se observa una "discrecionalidad" en el uso de fondos federativos para pagos a terceros.
La jueza investiga si desde la comisión económica de la RFEF, en la que participaban González Cueto y Pedro Manuel González Segura, se elaboraron ofertas ficticias para adjudicar las obras a Gruconsa. Estas maniobras habrían permitido incluir partidas injustificadas en las facturas, con el objetivo de desviar dinero hacia Nene, el apodo de Francisco Javier Martín Alcaide.
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¿Qué viene en el caso?
El proceso judicial continuará con la recopilación de más pruebas y declaraciones de los imputados. La magnitud del caso y la implicación de figuras tan relevantes del fútbol y del ámbito empresarial aseguran que este escándalo seguirá en el foco mediático. Las consecuencias para los involucrados, particularmente para Gerard Piqué y Pedro Rocha, podrían ser significativas, dependiendo del avance de la investigación y de las conclusiones a las que llegue la magistrada Delia Rodrigo.
Este caso pone de relieve los posibles vínculos entre el mundo del fútbol y prácticas empresariales cuestionables, y subraya la importancia de la transparencia y la legalidad en la gestión de las instituciones deportivas.
