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El presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt),José Yesid Rodríguez, advirtió que si se decretan nuevas cuarentenas estrictas en el país por la propagación del coronavirus, se podría ocasionar el cierre total de cientos de empresas que viven de ese sector de la economía.
El vocero señaló que más de 200.000 personas que dependen directamente de esa labor,han resultado afectadas no solo por la emergencia sanitaria, sino por el transporte pirata que se han tomado muchas carreteras del país.
“Nosotros le apostamos a la bioseguridad para trabajar de manera responsable y el autocuidado de los usuarios de los servicios. El manejo que tanto el Gobierno Nacional como las administraciones locales le den a la pandemia generada por el COVID-19, no puede acabar con la economía de un sector que lleva 80 años de historia y de trabajo”, afirmó el presidente de Aditt.
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De acuerdo con el dirigente gremial, "es importante que las autoridades establezcan manejos graduales de activación económica para el transporte terrestre, ya que la informalidad y la ilegalidad así como los particulares, se están tomando el mercado prestando un servicio sin control ni cumplimiento de los protocolos de bioseguridad".
Ante esta situación, el Movimiento de Empresarios del Transporte Intermunicipal, envió una carta al procurador general, Fernando Carrillo, en la que le piden que esa entidad le exija al Gobierno el cumplimiento de la implementación de acciones inmediatas, para frenar el transporte ilegal e informal.
"Este SOS llega como consecuencia de la decisión del presidente Iván Duque de dejar en manos de alcaldes y gobernadores, la autorización para la reactivación del transporte intermunicipal en cada una de sus regiones", precisó ese gremio.
También agregaron que "no obstante, muchos siguen sin gestionar el retorno a operaciones de las empresas formales a pesar de tener a millones de trabajadores en las calles, con la necesidad de movilizarse seguros rumbo a sus trabajos, cumpliendo con la reapertura de varios sectores autorizada por el Gobierno".
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Los empresarios denunciaron ante la Procuraduría, la falta de voluntad política y la poca gestión operativa para combatir el transporte ilegal e informal, por parte de las Secretarías de Tránsito y/o Movilidad municipales y regionales, así como por parte de entidades como el Ministerio de Transporte, la Supertransporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra).
"Esta desidia en contra de la piratería contrasta con el sinnúmero de exigencias y controles que deben cumplir las empresas formales para reactivarse y prestar el servicio, garantizando la seguridad vial y sanitaria de todos los pasajeros, con estrictos protocolos que vienen implementando hace más de dos meses con el transporte de ciudadanos exceptuados", señaló ese movimiento.
Finalmente, concluyeron que cientos de empresas están al borde de la quiebra, "debido a las pérdidas que ascienden a un billón de pesos. Más de 50.000 propietarios de vehículos están a punto de perderlos".
