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Desde la capital de Antioquia, la ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, anunció que al finalizar el año las tarifas de energía bajarán entre un 4% y un 8% con el fin de garantizar el acceso a una tarifa de energía a costos razonables.
La ministra manifestó que este cambio regirá a partir del mes de noviembre del presente año en el que los ciudadanos verán la disminución en sus facturas de energía, la cual fue posible por la renegociación de los contratos bilaterales, toda vez que 82 empresas se sumaron al pacto por la justicia tarifaria.
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"La renegociación de los contratos bilaterales que ha permitido afectar a más del 69% de las negociaciones de la compra y venta de energía que se da entre generadores y comercializadoras", y agregó que, "a nivel nacional va a impactar positivamente la tarifa en el sentido en que percibiremos a final de este año una reducción a final de este año entre el 8 y el 4%", puntualizó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, durante el evento de presentación de los resultados en Medellín.
Además, el indexador también tendrá unos cambios de forma que pueda controlarse la inflación en la tarifa de la energía. "Tenemos una segunda medida de este pacto por la justicia tarifaria y es que, en adelante el indexador, que es la medida con la cual se afecta cada uno de los componentes de la tarifa, va a ser el menor entre el IPP y el IPC, de esa manera controlando la inflación que se evidencia también en la tarifa de la energía", sostuvo.
Según el cronograma planteado, el pasado 7 de octubre se cumplió el plazo de la etapa de ajustes en las metodologías tarifarias y en los contratos de energía.
“Hasta el 7 de octubre, las empresas tuvieron plazo de hacernos llegar sus propuestas de disminución y los acuerdos alcanzados, y cómo estos tendrán un efecto real para la reducción de las tarifas. Por ello, hoy podemos anunciar que más de 80 compañías del sector dieron el paso de flexibilizar su postura y mostrar voluntad para alcanzar una tarifa justa”, manifestó la ministra.
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En total, 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el 54% se asocian al mercado regulado y el 46% al mercado no regulado.
