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La Superintendencia de Servicios Públicos reveló que, en medio del monitoreo a las empresas sobre el cumplimiento de las medidas de alivio a usuarios, autorizadas por el Gobierno ante la emergencia sanitaria durante la pandemia, se abrieron 41 averiguaciones preliminares por aumento en cobros de los servicios, de las cuales hay 25 procesos de investigación en curso: dos de energía, dos de gas, dos de aseo y 19 de acueducto y alcantarillado.
Así mismo, el organismo reportó que ordenó la devolución por más 73.000 millones de pesos a usuarios por cobros no autorizados, especialmente enempresas de acueducto, alcantarillado y aseo, por realizar cobros no autorizados y no ejecución de inversiones.
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Igualmente, la entidad señaló que en el último año, impuso multas por más de 95.000 millones de pesos a 208 empresas bajo su vigilancia, especialmente de los sectores de energía, acueducto y aseo.
Los principales motivos de las sanciones en firme se relacionan con fallas en la prestación del servicio, incumplimiento de la regulación frente la facturación del servicio de energía, mantenimiento de gasoductos, expedición del certificado de conformidad al momento de la revisión periódica de las redes internas de gas de los usuarios, entre otras.
Según el reporte de la entidad, más de 37.000 millones de las multas quedaron confirmadas y cerca de 58.000 millones de pesos se encuentran en etapa de revisión de los recursos de reposición presentados por las empresas, en el marco del debido proceso.
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La superintendente Natasha Avendaño dijo que “estas sanciones son resultado del ejercicio de supervisión técnica que hace la entidad a las empresas prestadoras y de reclamaciones presentadas por los usuarios. En el marco del debido proceso, se definieron los valores de las multas impuestas a cada prestador, teniendo en cuenta el tipo de infracción, falla o incumplimiento a la regulación que aplica a los servicios públicos bajo nuestra vigilancia”.
El principal motivo de las sanciones en firme, está relacionado con la baja calidad del agua, razón por la cual, 35 prestadores del servicio de acueducto fueran multados por $794.722.909, al no suministrar agua apta para el consumo humano a sus usuarios.
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