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La Corte Constitucional escuchó la intervención del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre la solicitud de declaración de un incidente de impacto fiscal por la sentencia que tumbó el artículo de la Reforma Tributaria que prohibía la deducibilidad de las regalías, con lo cual el gobierno buscaba recaudar cerca de 6.7 billones de pesos.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez planteó dudas sobre uno de los puntos explicados por el ministro Bonilla, pues el funcionario afirmó que habría un hueco fiscal, producto de la sentencia de la corte. Sin embargo, Ibáñez cuestionó que ese aparente hueco, fuera producto de un decreto emitido por Hacienda, y no que sea un efecto de la decisión judicial.
“Usted señaló de manera enfática que el decreto 261 del 2023, conforme a él, si de ese decreto el recaudo por anticipo se hubiera sido de 6.9 billones, pero con el decreto dijo usted que fue de 13.4 billones de pesos. Es decir, que hubo un recaudo por encima de 6.5 billones. Y entonces la pregunta es, ¿ese no sería el decreto el generador del problema y no la sentencia?“, cuestionó el magistrado.
El demandante, por su parte, afirmó que los recursos que buscaría recaudar el Gobierno Nacional correspondería a recursos no estructurales, lo que representa que no pueden ser utilizados para gastos en iniciativas, sino que deberían ser destinados al pago de la deuda nacional.
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“Los 6.7 billones no podría gastarlos, pues al no ser estructurales deberían destinarse o a disminuir la deuda o a generar ahorro. Es decir, los 6.7 billones de pesos aún de existir no podrían usarse para gasto. Gasto que, como se demostrará, es muy improbable que el gobierno, en todo caso, logre ejecutar”, aseguró el demandante Carlos Edward Osorio.
La magistrada Cristina Pardo, además cuestionó que el ministro planteara la posibilidad de pagar las devoluciones en vigencias posteriores, por lo que solicitó explicación sobre las razones para que los ciudadanos tengan la responsabilidad de pagar ese aplazamiento.
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“En el evento en que las alternativas que proponen la devolución de lo aportado en vigencias posteriores no prevean el reconocimiento de la inflación o de algún tipo de interés de plazo en favor de los contribuyentes cuyas devoluciones serán pagadas por cuotas anuales hasta 2028, ¿cuáles son las razones por las cuales el Gobierno estima que los particulares deben asumir los costos de oportunidad del aplazamiento solicitado?”, afirmó la magistrada.
Con esta audiencia, queda en manos de la Corte Constitucional que, en un plazo de diez días, resuelva la solicitud de declarar incidente de impacto fiscal.
