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El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo cuestionó la posibilidad de que el Gobierno recurra a una emergencia económica para enfrentar la desfinanciación del Presupuesto General de la Nación tras el hundimiento de la reforma tributaria, al señalar que no se trata de un hecho imprevisible y que podría exponer al país a un alto riesgo jurídico.
El exministro recordó, en dialogo con La FM, que la Constitución exige que una emergencia económica solo puede declararse ante hechos “imprevisibles, inesperados y sobrevinientes”. Según él, este no es el caso del presupuesto aprobado por el Ejecutivo.
Restrepo afirmó que “el gobierno no puede fabricar una emergencia económica para después decretarla” y sostuvo que el desfinanciamiento del Presupuesto superior a 45 billones de pesos era conocido desde el principio.
“No es imprevisible, no es inesperado. El gobierno sabía de antemano que tenía un presupuesto desfinanciado”, señaló. Añadió que presentar un marco fiscal sin los recursos necesarios “no tiene ningún sentido”, pues se trataría de “fabricar la emergencia para después decretarla”.
Riesgos jurídicos y efectos para el país
Restrepo advirtió que una declaratoria de este tipo enfrentaría serias objeciones constitucionales.
“Hay un severo riesgo de declaratoria de inexequibilidad porque no cabe la figura en un momento como el que estamos viviendo”, dijo.
El exministro Restrepo insistió en que, antes que acudir a una emergencia, el Gobierno debería haber controlado “los excesos en gasto público”, el crecimiento de la burocracia y el uso de recursos para inversiones mal focalizadas.
También recomendó enviar señales de confianza a los mercados para reducir el costo del financiamiento, que —según dijo— está “casi 50% más costoso que en condiciones normales”.
'Sí han existido, pero por hechos inesperados'
Restrepo recordó que Colombia ha decretado emergencias económicas en situaciones extraordinarias, como la pandemia o algunos desastres naturales. Pero advirtió que esta vez sería distinto.
“Sería la única en donde vendría como resultado de la presentación de un proyecto desfinanciado para después decretarla. Eso es lo que no tiene presentación”, afirmó.
El exministro reconoció que, en caso de declararse la emergencia, el Gobierno podría expedir impuestos vía decreto. Sin embargo, insistió en que sería “una burda utilización de una figura constitucional tan importante como esta”.
Restrepo añadió que una eventual declaratoria implicaría responsabilidades individuales:
“Aquí hay una responsabilidad de cada uno de los ministros que firma la declaratoria”, dijo, al advertir que los funcionarios podrían asumir costos políticos y jurídicos si firman una medida que “no cabe jurídicamente”.
Tras el hundimiento de la reforma tributaria, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que ahora el Gobierno deberá definir de dónde saldrán los recursos que estaban proyectados en la reforma tributaria.
Indicó que todas las opciones están sobre la mesa para garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto General de la Nación del próximo año. No descartó evaluar medidas excepcionales, si fueran necesarias.
En las últimas semanas ha circulado versiones que apuntan a la posibilidad de que el Ejecutivo considere decretar una emergencia económica para tomar decisiones fiscales vía decretos.
Ávila respondió que el Gobierno analizará cualquier herramienta que permita cumplir los compromisos sociales y presupuestales establecidos.
"El Gobierno va a analizar todas las medidas que sean necesarias. No vamos a descontar ninguna de las alternativas que deban presentarse para asegurar el cumplimiento
En el Congreso surgieron cuestionamientos sobre esa alternativa. El senador Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) aseguró que en el Gobierno ya se habla de un decreto de emergencia y que la Corte Constitucional será clave para revisar cualquier decisión de ese tipo.
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La senadora Angélica Lozano sostuvo que no existen condiciones para declarar una emergencia económica, ya que esta figura solo procede en situaciones imprevisibles, como desastres naturales.
Señaló que la caída de un proyecto de ley es parte normal del trámite legislativo y que no constituye un fundamento jurídico para medidas extraordinarias.
