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La Contraloría General de la República informó que un pago autorizado a la interventoría del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) no correspondía a los avances reales de los proyectos supervisados, lo que derivó en un presunto detrimento por $1.618 millones.
Ese organismo identificó un hallazgo fiscal por $1.618 millones, tras una auditoría de cumplimiento realizada a la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
Sobrecostos en los pagos
Según el informe, la ART avaló pagos completos a la firma DCO Ingeniería & Servicios S.A.S., encargada de la interventoría del contrato 371-2022 suscrito con el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP), pese a que los avances reales de los proyectos supervisados no justificaban ese desembolso.
El organismo de control señaló que “los pagos a la interventoría fueron realizados de manera incorrecta, sin ajustarse a los avances reales de los contratos supervisados bajo el PNIS”.
La auditoría reveló que los contratos 359-2022, 377-2022 y 402-2022, que estaban bajo supervisión, presentaban avances técnicos del 59,23%, 93,67% y 44,8%, respectivamente, porcentajes inferiores al 100% necesario para autorizar el pago total.
Aun así, se dio visto bueno para liquidar la totalidad del valor pactado con la interventoría. La Contraloría advirtió que esta decisión permitió un “sobrepago de $1.618 millones”, hecho que evidencia fallas en el control financiero y técnico del proceso.
Otros hallazgos de la Contraloría
El informe también señaló la responsabilidad de la Agencia de Renovación del Territorio en el seguimiento del contrato. Según el documento, “la ART fue responsable de la supervisión del proceso”, lo que incluye la verificación de avances y la correspondencia entre estos y los pagos autorizados.
La Contraloría concluyó que este presunto detrimento afecta recursos destinados a proyectos productivos y a la seguridad alimentaria de familias vinculadas al PNIS. El organismo insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.
