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Una nueva protesta surgió en el Meta donde denuncian los productores que la industria molinera no ha querido cumplir con la resolución que fijo los precios para la cosecha de arroz en el Meta, en medio del paro del mes de julio de este año.
Ante esa negativa de los molineros, los arroceros volvieron a protestar y esta vez en contra de la industria a que señalan de no querer recibirles el cereal que está saliendo de las fincas productoras de los departamentos del Meta y el Casanare.
Advierten los cultivadores que no les están recibiendo la cosecha a los precios acordados con el Gobierno Nacional durante el paro que duró hasta la última semana de julio y después de varios bloqueos de vías en todo el país.
“Teníamos la esperanza de que con el paro se solucionaba el problema y ahora se incrementó. Este arroz se puede perder en tres días, se puede quemar”, dijeron Humberto Bravo y Apolinar Rodríguez voceros de Dignidad Arrocera en los Llanos.
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Denuncian que el incumplimiento de la resolución, por parte de la industria, ocasionará pérdida de centenares de cosechas que apenas están saliendo de las fincas arroceras de los Llanos.
Denuncian los cerealistas que la crisis se agudizó cuando salió la resolución el viernes 1 de agosto con la regulación del precio del arroz paddy verde en la que se fijó que para los Llanos el monto sería de 182.500 por carga.
"Los Industriales o molineros no han querido aceptar los precios que están en la resolución que se adoptó después de levantarse el paro al cierre del mes de julio", dijeron los arroceros que salieron nuevamente a reclamar en municipios como Granada, San Martín y Puerto López en el Meta.
“Le han hecho una trampa a la resolución, que es recibir en consignación, para exigirnos servicio de secamiento, limpieza y almacenamiento”, denunciaron los arroceros.
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Son más de 200 camiones cargados con arroz los que están en las puertas de los molinos donde se empieza a dañar y perder el grano cosechado.
Arroceros piden una intervención urgente del Gobierno y del Ministerio de Agricultura para que se cumpla lo pactado en la resolución que entró en vigencia el primero de agosto.
