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La Procuraduría entregó un nuevo concepto a la Corte Constitucional, en el marco de los múltiples procesos que avanzan contra la Reforma Tributaria del Gobierno Nacional, específicamente, por la demanda que pide tumbar los impuestos creados para los plásticos de un sólo uso.
El demandante asegura que los artículos que regulan la creación de ese impuesto no son claros, pues hay contradicciones en los aspectos relacionados con quienes deberán pagar ese nuevo tributo.
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Según lo que indica el organismo en su concepto, en la ley se mencionan que dos tipos de personas o empresas serían las responsables de pagar la contribución por fabricación y uso de los plásticos.
"Persona natural o jurídica que fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano, que estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso. 2. Importe bienes para su comercialización en el territorio colombiano, que estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso", resalta el documento.
Para la Procuraduría, no es claro si en la Reforma Tributaria se estaría obligando a las personas o empresas que fabriquen y plásticos de un sólo uso o a las personas o empresas que compren productos que utilicen plásticos como material de empaque.
"Específicamente, no es claro si el tributo obliga a las compañías productoras o importadoras de productos de plástico que son utilizados para envasar, embalar o empacar bienes (industria del plástico); o a las empresas productoras o importadoras de bienes que están contenidos en envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso (industria en general)", menciona el concepto.
Por esto, para el organismo es necesario declarar inexequible este punto de la Reforma Tributaria pues el Congreso durante el debate, no estableció de manera clara la definición de los sujetos que deben pagar el impuesto.
"El Congreso de la República omitió definir los elementos del gravamen de forma "clara e inequívoca a fin de que la ciudadanía pueda determinar los sujetos obligados y la actividad que origina el cobro", concluye la Procuraduría.
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La Corte Constitucional estudiará este concepto y los argumentos de las demás partes intervinientes para emitir una decisión de fondo con respecto a esta demanda.
