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El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se refirió a los alcances del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que fue firmado por el presidente Iván Duque para regularizar a miles de extranjeros que se encuentran en el país.
En diálogo con La FM, el funcionario aclaró que la medida no abre la puerta para que los extranjeros beneficiados puedan votar en las elecciones y que estipula deberes.
"El salto al estatuto implica la racionalización del gasto, que estas personas ingresan al sistema tributario y al de seguridad social. Y claro, todos esos migrantes que van a pasar al régimen contributivo empiezan a aportar al país; Colombia tiende la mano, pero por supuesto con obligaciones y deberes", aseguró.
Indicó que aunque inicialmente será un millón 700 mil los migrantes venezolanos que se verán beneficiados, se calcula que esa cifra podría aumentar a más de dos millones de extranjeros.
“El estatuto es una ventana de ayuda a una población que la está pasando mal. De manera gratuita ingresaran a una protección para poder conseguir empleo, educación y servicios. Tendrán 10 años para pasar a un régimen ordinario normal de visa”, dijo el funcionario.
El director de Migración advirtió que serán excluidos del beneficio los extranjeros que tengan algún lío con la justicia, tras indicar que “están sometidos a la deportación o expulsión”, mientras agregó que tampoco se podrá incluir a quiénes ingresen al país “por trocha” y zonas no autorizadas.
Juan Francisco Espinosa dijo que el estatuto regulará la distorsión económica que generan los migrantes irregulares al país, tras señalar que “estar dentro del sistema es más económico para el país, porque implica que los migrantes empezarán a tributar (es decir a pagar impuestos). El cálculo que hay es que hoy en día, la migración venezolana cuesta 1.500 millones de dólares”.
El director de Migración Colombia explicó que el decreto cobija a los extranjeros regulares e irregulares que hayan estado en Colombia hasta el 31 de enero de 2021.
Señaló que “por ley, los extranjeros en Colombia no pueden participar de los procesos electorales”.
Espinosa manifestó que el estatuto busca disminuir la ilegalidad de ciudadanos venezolanos y que esa población tenga la posibilidad de acceder a educación y trabajo.
Explicó que el decreto podrá ser debatido y cuestionado por parte de la ciudadanía, por lo que estará disponible de forma pública los siguientes 15 días, tiempo en el que los ciudadanos podrán enviar al Gobierno sus propuestas y “enriquecer el texto”.
