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El agente interventor para la administración forzosa de Nueva EPS, Bernardo Camacho Rodríguez, anunció que ya se puso al día con más de 12 millones de facturas pendientes por procesar por un valor aproximado de 4,3 billones de pesos, que tenía la entidad pendientes de presentar y legalizar.
Subrayó que estas cuentas hacían parte de los estados financieros registrados antes del inicio de la intervención forzosa administrativa, que llevó a cabo la Superintendencia Nacional de Salud, el pasado 3 de abril de 2024.
“Para lograrlo, está en proceso de contratación e implementación inmediata una robusta herramienta informática que incluye robótica, ciencia de datos e Inteligencia Artificial (IA) para transparentar los procesos de radicación de las facturas y el ejercicio de una rigurosa auditoría médica concurrente”, indicó Bernardo Camacho.
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El agente interventor destacó que elaboró junto con su equipo de Tecnología, Innovación y Cuentas Médicas, un informe de las facturas por servicios de salud que radicaron la red de prestadores tanto públicos como privados a la empresa, durante el periodo enero/diciembre de 2023 y antes.
“Este proceso de depuración no solo representa un ejercicio de transparencia sin precedentes, sino que también marca el inicio de una nueva etapa para Nueva EPS, caracterizada por una gestión eficiente, transparente y sostenible de los recursos del sistema de salud", dijo.
Subrayó que la situación de la acumulación de facturas se explica en gran medida, por la forma que ordenaban los pagos las administraciones previas a la mencionada intervención.
“Sin embargo, no es la única razón porque este rezago también fue el resultado de diversos factores estructurales entre los que se destacan la política de pagos por promedios históricos y no por servicios facturados; pagos a las IPS conforme a los promedios de radicación mensual de la facturación presentada y no por la facturación procesada y auditada que se registraba en la contabilidad”, sostuvo.
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Dijo que a esto se le suma la ausencia de información.Para junio de 2024, se evidenció que los archivos RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) eran borrados, una vez se incluían en las tablas de las bases de datos. Esa situación no permitió contrastar la información en los tiempos de intervención y poder dar cierre a los estados financieros.
“También está el sistema de tecnología de Información de procesamiento de facturas obsoleto. El sistema empleado para procesar facturas de servicios de salud no contaba con soporte tecnológico lo que hacía su gestión operativa/manual, repercutiendo en la integridad de la información y los tiempos. Allí reposa parte de la demora en el proceso”, manifestó.
Recalcó que este informe no sólo da cuenta de una situación heredada de administraciones anteriores, sino del trabajo sistemático que se viene realizando.
