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El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, reveló que fue conformado el tribunal que se encargará de fallar sobre la millonaria demanda internacional que interpuso la petrolera contra la empresa norteamericana CB&I por los sobrecostos en el proceso de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena.
Según indicó el directivo, "hay una gran cantidad de etapas desde lo legal específicamente, en términos de presentar los escritos, de cada parte presentar sus casos. Ya hay un tribunal de arbitramento compuesto por tres miembros y ellos tomarán su tiempo para oír las posiciones de ambas compañías y pues entramos en otras fases del proceso legal, y por eso decía yo que eso puede tomar un tiempo”.
Bayón recordó que esta demanda internacional supera los US$2.000 millones y busca que se resarzan parte de los sobrecostos derivados de la obra que terminó costando más de 8.000 millones de dólares.
“Estos son procesos que normalmente demoran varios años y tendremos que ser pacientes. Estamos con todo el foco y con todo el esfuerzo, tenemos un equipo muy bueno que está llevando adelante este proceso, pero esto toma tiempo”, señaló Bayón.
Según la Contraloría General de la República, "el 8 de marzo de 2016 Reficar presentó una solicitud de arbitraje en contra de la empresa CB&I ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Dentro de este proceso el 25 de mayo de 2016, CBI contestó la solicitud y presentó demanda reconvencional en contra de Reficar".
Caso
Por su parte, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, quiere dejar listo el proceso de responsabilidad fiscal por el millonario escándalo de la modernización y ampliación de la Refinería de Cartagena, antes de que se cumpla su periodo, en agosto próximo.
El organismo ha venido trabajando en la conformación de este caso tras haber abierto un proceso fiscal por 6.080 millones de dólares ante los millonarios sobrecostos de estas obras para mejorar la Refinería.
Fuentes cercanas al organismo de control señalaron que la idea es que el país conozca los responsables fiscales de este escándalo.
La piedra angular del proceso fueron los millonarios sobrecostos de la obra, ya que el proyecto inicial comenzó costando algo más de 3.500 millones de dólares y terminó con un valor superior a los 8.000 millones de dólares.
Esta apertura del proceso fiscal fue decidida dio luego de analizar los controles de cambio que se aprobaron en diferentes reuniones de juntas directivas de Reficar y de Ecopetrol, que permitieron la autorización de mayores inversiones en el presupuesto del proyecto.
En agosto del 2017, el contralor Maya anunció la terminación del proceso de rendición de versión libre de los 47 mencionados en la apertura del proceso de responsabilidad fiscal por estos millonarios sobrecostos, que superaron los $8 billones.
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