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Durante su discurso de instalación del XXII Congreso Nacional de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), presentó un balance detallado sobre la evolución, los logros recientes y los retos pendientes del sector en Colombia.
En su intervención, el presidente ejecutivo del gremio resaltó el papel central que tienen las obras de transporte en el desarrollo social y económico del país. Subrayó que la infraestructura se ha consolidado como uno de los principales motores de productividad, empleo y transformación territorial.
Expuso que la actividad constructora genera impactos significativos en producción, salarios, recaudo e inclusión laboral.
Indicó que las cifras muestran un efecto multiplicador alto y una amplia generación de empleo, tanto directo como indirecto, con una participación creciente de mujeres en la fuerza laboral.
En el recuento histórico, destacó la creación de cientos de miles de puestos de trabajo desde el inicio de los programas de concesiones a comienzos de los años noventa.
En materia ambiental y social, afirmó que el sector ha incorporado un enfoque más sostenible. La inversión acumulada en programas de mitigación y cuidado ambiental supera el billón de pesos, lo que se presenta como muestra del esfuerzo por integrar las obras con su entorno y con las comunidades.
Caicedo señaló que el sector ha aumentado su participación en la economía en las últimas dos décadas. Dijo que la infraestructura duplicó su aporte al PIB entre 2005 y 2019, hecho que se atribuye a una mayor planificación, atracción de capital privado y estabilidad en la ejecución de proyectos.
Además, que esa consolidación es presentada como la base para sostener la competitividad y la integración regional.
De acuerdo con su intervención, los últimos tres años han estado marcados por condiciones adversas. Identificó restricciones fiscales, inflación, incertidumbre normativa y un ambiente político complejo, aunque resalta que se lograron avances mediante diálogo con el Gobierno.
Entre ellos, menciona desembolsos pendientes por DR8, pagos de vigencias futuras y un aumento en el presupuesto del sector Transporte para 2026.
Detalló gestiones relacionadas con el esquema tarifario de peajes, pagos atrasados del Invías y la limitación de un decreto que pretendía redistribuir vigencias futuras.
También resaltó la adjudicación de un corredor férreo y la publicación de pliegos para una nueva concesión vial, presentados como hitos recientes en procesos contractuales. Pese a esos avances, dedicó un espacio a los asuntos no resueltos.
Advirtió sobre la alta rotación de funcionarios en entidades clave y su impacto en la continuidad técnica, así como sobre el bajo avance del plan de vías terciarias y las afectaciones provocadas por la inseguridad en carreteras.
También expresó preocupación por propuestas regulatorias que, según él, podrían restringir obras en zonas productivas.
Mirando hacia adelante, Caicedo identificó áreas críticas en las que se debe trabajar. Planteó la necesidad de acelerar la aprobación de iniciativas privadas viales y aeroportuarias, y de destinar recursos para proyectos estratégicos como la navegabilidad del río Magdalena y el dragado en Buenaventura.
Señaló también las dificultades que enfrentan las pymes de ingeniería, especialmente por esquemas de pago, presupuestos y financiación.
Incluyó también a las ciudades capitales, donde las inversiones recientes son presentadas como un factor clave para dinamizar la economía. Los cuatro principales centros urbanos concentran una parte significativa de los recursos ejecutados, y el gremio expone inquietudes sobre procesos contractuales locales.
Caicedo planteó un reto adicional: extender los modelos de colaboración público-privada a infraestructuras urbanas y sociales, como salud, educación, deporte y servicios públicos.
Concluyó con un llamado a restablecer la confianza de inversionistas y financiadores, la describió como un elemento determinante para la continuidad de los proyectos y del modelo de concesiones en el país.
