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Los estatutos internos del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) establecen las reglas para el uso de las reservas y de los recursos provenientes de la administración de cesantías.
Según los documentos oficiales, estos dineros tienen restricciones precisas y no pueden destinarse a actividades distintas a las asociadas a la seguridad social y a la administración de las prestaciones sociales.
Las imágenes de los artículos estatutarios, revisadas por La FM, muestran que el Fondo solo puede distribuir utilidades provenientes de actividades que no estén directamente vinculadas con su función misional.
El artículo 63 señala que la distribución de utilidades se realiza previa aprobación de la Asamblea General, soportada en estados financieros auditados y únicamente después de constituir las reservas legales, estatutarias y ocasionales.
El mismo artículo puntualiza que, dada la naturaleza del Fondo como entidad de seguridad social, no pueden distribuirse utilidades derivadas de la administración y protección de las cesantías. Solo las ganancias provenientes de actividades adicionales, previstas en su objeto social y no asociadas directamente a la prestación de servicios de seguridad social, pueden ser consideradas para distribución.
Presión
Pese a estas reglas, en las dos últimas juntas directivas del FNA se discutió un traslado parcial de recursos hacia el Tesoro Nacional.
Tres personas que participaron en las reuniones confirmaron que el Gobierno solicitó mover una parte de las reservas, dentro de un total cercano a los 800.000 millones de pesos.
Las fuentes señalaron que la solicitud provino del representante del Grupo Bicentenario. El movimiento hace parte de un proceso impulsado por el Ministerio de Hacienda para incorporar utilidades de las entidades financieras públicas al presupuesto nacional.
Explicación
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que todas las entidades del Grupo Bicentenario deben transferir sus utilidades como parte de su operación.
“El Fondo Nacional del Ahorro, al igual que todas las entidades del Grupo Bicentenario, transfieren las utilidades que tienen como parte de su operación”, dijo.
Agregó que estas utilidades pasan primero al Grupo Bicentenario y luego al Ministerio de Hacienda, donde “son parte del presupuesto público para financiar el presupuesto nacional en cada vigencia”.
Sobre el caso particular del FNA, el ministro señaló que la entidad ha reinvertido sus utilidades durante varios años, lo que habría generado “una acumulación de reservas exageradas” y “una posición patrimonial muy fuerte”.
Según Ávila, ese comportamiento permite iniciar una disminución del nivel de reservas, proceso que estaba en discusión en la junta directiva.
Debate jurídico
En la junta más reciente no se tomó una decisión definitiva. Algunas de las reservas en discusión corresponden a fondos creados para mitigar riesgos derivados de tasas de interés y no han sido utilizadas.
Una de las fuentes sostuvo que “las reservas pueden ser liquidadas”, mientras que otra advirtió que los recursos provenientes de las cesantías “no pueden estar a disposición del Gobierno Nacional”.
El debate jurídico se centra precisamente en lo señalado en los estatutos: los recursos asociados a prestaciones sociales y cesantías deben permanecer dentro del objeto misional del Fondo y no pueden destinarse a fines diferentes.
Por ahora, el tema continuará en revisión en la próxima junta directiva. La presidenta del FNA, Laura Roa, no respondió a las solicitudes de información sobre el proceso.
Las discusiones internas seguirán enfocadas en determinar qué parte de los recursos corresponde realmente a utilidades transferibles y cuáles están restringidas por su naturaleza de seguridad social, según los documentos oficiales del Fondo.
