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La discusión sobre la nueva ley de financiamiento continúa abierta mientras expertos advierten sobre sus implicaciones económicas para 2026.
En el marco del XXII Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena, el presidente de ANIF, José Ignacio López, explicó que esta iniciativa, aunque suele asociarse a una reforma tributaria, tiene un carácter diferente en el ámbito jurídico. Según López, una ley de financiamiento se diseña exclusivamente para asegurar los recursos del presupuesto del año siguiente, y si no es aprobada, el Gobierno está obligado a ajustar el gasto mediante recortes. Esto implica que las obligaciones financieras del país no se verían afectadas por su eventual archivo, pues el déficit fiscal debe mantenerse en el mismo nivel con o sin la ley.
En ese contexto, López aclaró que las necesidades de financiamiento del Estado permanecen constantes independientemente de la aprobación de la ley, porque el presupuesto ya contempla los pagos asociados a la deuda. Si la iniciativa no supera el trámite legislativo, el Gobierno tendría que aplicar un recorte equivalente al monto que esperaba recaudar. Esto, según explicó, evita escenarios de incumplimiento o deterioro en la capacidad de pago de Colombia.
Otro de los puntos abordados fue el posible impacto en los precios de bienes y servicios. López señaló que el articulado ha sufrido ajustes recientes, lo que dificulta estimaciones exactas, pero subrayó que el incremento del impuesto al carbono generaría aumentos en gasolina, diésel y, potencialmente, en tarifas de energía eléctrica, además de influir en sectores como aerolíneas y transporte aéreo. Estas variaciones, aseguró, tendrían un efecto amplio sobre la economía.
En materia de actividad productiva, López advirtió que las medidas planteadas afectarían sectores clave para el crecimiento y la inversión, lo que podría traducirse en una reducción del dinamismo económico en los próximos años. También anticipó que un aumento significativo de cargas tributarias podría desincentivar proyectos y ralentizar la recuperación.
Al hablar del comportamiento de precios, el presidente de ANIF explicó que la persistencia de presiones inflacionarias podría mantener el índice cercano al 5% durante buena parte de 2026, especialmente si se aprueban los cambios contemplados en la ley. Afirmó que este nivel supera la meta establecida por el Banco de la República y podría obligar a la autoridad monetaria a elevar nuevamente las tasas de interés entre finales de 2025 y comienzos de 2026.
López también se refirió al aumento del salario mínimo proyectado para el próximo año. Indicó que los cálculos oficiales aún no están disponibles, pero estimaciones privadas sugieren un aumento importante respecto a la inflación esperada. En ese sentido, advirtió que un ajuste salarial por encima del crecimiento de la productividad podría intensificar las presiones inflacionarias, especialmente en el sector de servicios.
Otro aspecto importante señalado el presidente de ANIF fue el posible nivel de recortes fiscales en caso de que la ley de financiamiento no se apruebe. Según López, el Gobierno tendría que ajustar alrededor de 16 billones de pesos, cifra correspondiente al valor que la ley buscaba respaldar. No obstante, estimó que el ajuste total necesario para estabilizar completamente las cuentas públicas podría ubicarse entre 40 y 50 billones, debido a mayores requerimientos en sectores como salud y energía.
El presidente de ANIF también expresó preocupación por la dinámica de negociación del salario mínimo. Explicó que la alta informalidad laboral limita la representatividad de los trabajadores informales en estas discusiones, mientras que los sindicatos concentran la voz de quienes sí se encuentran organizados. Esto, sostuvo, genera diferencias estructurales que deben ser consideradas en la toma de decisiones.
Asimismo, alertó sobre el riesgo de que la negociación del salario mínimo sea utilizada con fines electorales, lo que podría desviar la discusión técnica necesaria y establecer una tendencia que se repita cada ciclo electoral. También afirmó que los incrementos deben responder a la pérdida de poder adquisitivo y a variaciones de productividad, pero recordó que Colombia está entrando en un nuevo régimen laboral y reduciendo la jornada semanal, lo que obliga a evaluar el ajuste tanto por día como por hora trabajada.
López señaló que incrementos demasiado altos en el salario mínimo pueden ampliar la brecha entre empleo formal e informal, pues establecer requisitos más costosos para las empresas dificulta la vinculación laboral de una gran parte de la población. Subrayó que estas decisiones deben considerar tanto el bienestar de los trabajadores como la capacidad del mercado para absorber los costos derivados de una mayor exigencia salarial.
