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La Asociación Colombiana de Minería y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas cuestionaron duramente el anuncio del Gobierno Nacional de declarar la emergencia económica en el país, que entre otras cosas propone pasar del 4x1000 a un 5x1000 y más impuestos para licor y cigarrillos.
"No existe hoy ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de una emergencia económica. El Artículo 215 de la Constitución exige una perturbación grave, extraordinaria e inminente del orden económico, social o ecológico, condición que no se cumple en este caso", aseguró Frank Pearl presidente de la ACP.
"Los $16 billones asociados a la ley de financiamiento representan menos del 3% del presupuesto de 2026: no son una amenaza al orden económico nacional. La figura de emergencia económica no puede usarse para reemplazar el debate democrático en el Congreso, ni para corregir decisiones fiscales previsibles", añadió el también excomisiondo de paz.
"El respeto por la Constitución y el Estado de Derecho exige que las medidas excepcionales se adopten únicamente cuando las condiciones constitucionales se cumplen, lo cual aquí no ocurre. Por todo lo anterior, la declaratoria de emergencia económica decretada por el gobierno, es injustificada", argumentó.
"Sería el tercer estado de excepción en menos de tres años": ACM
La Asociación Colombiana de Minería por su parte alertó sobre los riesgos institucionales y fiscales que implicaría la nueva declaratoria de Emergencia Económica por parte del Gobierno Nacional.
"De confirmarse la expedición del decreto, sería el tercer Estado de Excepción en menos de tres años, un hecho sin precedentes recientes, que desconoce el espíritu de la Constitución de 1991, los límites al poder Ejecutivo y el rol de las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes", señaló la Asociación de Minería.
La ACM advirtió que la figura de emergencia es excepcional, reservada para situaciones imprevisibles y ajenas al control del Estado y no puede convertirse en un mecanismo ordinario para corregir desequilibrios fiscales generados por el propio Gobierno.
"Insistir esta decisión debilita la confianza en el Estado de Derecho, presiona aún más a los sectores productivos y envía una señal profundamente negativa a la inversión. Es inadmisible que un Gobierno gaste más de lo que recibe, que lo haga de manera sistemática y que para cubrir su déficit pretenda justificar una emergencia económica basada en su propia irresponsabilidad fiscal. Gobernar a punta de estados de excepción abre un precedente gravísimo para el país”, aseguró Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
La Asociación, finalmente, hizo un llamado urgente a que cualquier discusión fiscal se tramite por las vías democráticas, dentro del marco constitucional y con respeto al rol del Congreso y de las Altas Cortes.
"Si bien la situación fiscal es grave, no son hechos sobrevinientes": AmCham Colombia
La presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, en relación con las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Avila, sobre una declaratoria de emergencia económica afirmó: “Sí hay fragilidad fiscal. Pero eso no significa que exista un escenario constitucional de emergencia económica. No es ideología, son reglas de juego: Constitución, jurisprudencia y datos", aseguró.
AmCham Colombia enumeró una serie de observaciones frente a la idea del Gobierno de declarar la emergencia económica nacional:
1. El problema fiscal es grave, pero estructural y previsible, no “sobreviniente y excepcional”. Se originó en decisiones de gasto y deuda. Eso se corrige con política fiscal, no con poderes extraordinarios.
2. Que el Gobierno pierda una ley de financiamiento no es un hecho extraordinario. Es democracia: el Congreso puede decir no. Perder una votación no habilita un estado de emergencia.
3. Plantear que, si se hunde la ley, “solo queda recortar 4G y se desploma la economía” es un falso dilema: ley o abismo. El debate debe ser técnico y constitucional, no de todo o nada.
4. Aún hay herramientas ordinarias:
– Reasignar y recortar gasto improductivo.
– Ajustar un presupuesto que creció muy por encima de la inflación.
Si eso no se ha hecho, no se puede alegar emergencia.
5. También hay margen en mejor administración tributaria: combatir evasión y elusión, cerrar huecos, fortalecer la DIAN. Eso no requiere estado de excepción, sino gestión, capacidad técnica y acuerdos.
6. La Corte ha sido clara: la emergencia económica es temporal, para choques fuertes y súbitos (pandemias, desastres, colapsos repentinos), no para resolver problemas estructurales ni rediseñar el sistema tributario por decreto.
7. La pregunta de fondo no es política, es jurídica e institucional: ¿Hay realmente un hecho sobreviniente?, ¿Se agotaron las herramientas ordinarias? Hoy, la respuesta honesta es no.
"El bolsillo de los colombianos no aguanta más": FENALCO
Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, afirmó a su turno que la declaratoria de emergencia económica se trataría, no solo de una pésima decisión, sino de una medida que carece de sustento constitucional, "pues no existen hechos sobrevinientes, extraordinarios, imprevisibles y graves que amenacen de manera inminente el orden económico o social del país y que no puedan ser afrontados mediante las herramientas ordinarias del Estado, máxime cuando se hubiera podido reducir la burocracia y corregir el derroche del gasto público", indició en primera instancia.
“El rechazo del Congreso a una reforma tributaria no constituye un hecho sobreviniente, sino que hace parte del funcionamiento normal del sistema democrático y de los frenos y contrapesos propios de un Estado de derecho. Perder una votación parlamentaria no habilita el uso de poderes excepcionales ni justifica la concentración transitoria de funciones en el Ejecutivo”, afirmó el vocero de los comerciantes.
FENALCO insistió en que el debate no puede desligarse de la realidad social del país, "el bolsillo de los colombianos no aguanta más. Resulta difícil entender cómo se pretende exigir mayores recursos a la ciudadanía cuando persisten serios cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y una gestión estatal marcada por escándalo tras escándalo. Antes de pedir más dinero, el Gobierno debe demostrar resultados, austeridad y transparencia”, sentenció el Cabal Sanclemente.
