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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, impuso multas a 24 prestadores de servicios funerarios, equivalentes a $294.000.000, por infringir el régimen de protección al consumidor.
Según explicó la SIC, las funerarias cometieron algunas infracciones como:
*No contestar requerimientos de información elevados por la SuperIndustria.
*No suministrar a los consumidores información clara, oportuna y suficiente, frente a las restricciones y limitaciones que se presentaron en la prestación de los servicios funerarios con ocasión a la pandemia.
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*Incurrir en publicidad engañosa, al ofertar a los consumidores sus servicios exequiales en una ciudad en especial, cuando en realidad no contaban con oficinas abiertas al público, ni tampoco con el plazo anunciado.
*Incluir cláusulas abusivas en los contratos suscritos por los consumidores, al exigir para la terminación del contrato, mayores requisitos a los solicitados al momento de la celebración del mismo e incluir espacios en blanco.
En ese sentido, los prestadores de servicios funerarios sancionados son los siguientes:
Asimismo, la Superintendencia recordó que con ocasión de la pandemia del coronavirus había iniciado actuaciones administrativas de oficio, con miras a garantizar la protección de los derechos de los consumidores ante posibles vulneraciones.
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Esas vulneraciones tendrían relación con la información suministrada acerca de las modificaciones y restricciones en la prestación de los servicios funerarios, con ocasión de las medidas de bioseguridad implementadas para el manejo de cadáveres asociados a infección con el virus covid-19, así como cobros adicionales y excesivos a los pactados con los consumidores.
