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Muchas personas no cuentan con el dinero suficiente para financiar proyectos como la compra de un vehículo, una vivienda o la educación universitaria.
En estos casos, es posible solicitar un crédito a través de una entidad financiera, con el compromiso de devolver el dinero —en cuotas o en un solo pago— junto con un interés adicional.
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La aprobación del crédito depende de cumplir ciertos requisitos, como demostrar ingresos suficientes, entregar la documentación requerida y, especialmente, superar el estudio de crédito que realiza la entidad.
Además, existen criterios de edad. En Colombia, la edad mínima para solicitar un crédito es, en general, de 18 años, aunque algunas entidades pueden exigir una edad superior según el tipo de producto o servicio financiero.
¿Existe un límite de edad máxima para pedir un crédito en Colombia?
No hay un límite de edad único para acceder a un crédito en Colombia, ya que este depende de cada entidad financiera. En la mayoría de los casos, el rango se sitúa entre los 62 y los 84 años, condicionado por otros factores como el nivel de ingresos, la documentación completa y el resultado del estudio crediticio.
Asimismo, la edad máxima varía según el tipo de producto financiero solicitado, como créditos de libre inversión, hipotecarios, para vehículos o de libranza.
Es importante mencionar que muchas entidades ofrecen productos diseñados para personas mayores, en especial para quienes están pensionados, tales como cuentas de ahorro, seguros y tarjetas de crédito.
¿Qué consecuencias tiene no pagar un crédito?
En caso de incumplimiento, la entidad financiera iniciará gestiones de cobro, como llamadas y notificaciones al deudor.
Un préstamo personal tiene una garantía personal, lo que significa que todos los bienes presentes y futuros del titular respaldan la obligación. Si se detienen los pagos, la entidad puede iniciar un embargo sobre dichos bienes para recuperar la deuda.
De acuerdo con el BBVA, el deudor responde con todos sus bienes, actuales y futuros, por el préstamo recibido. Esto le da al banco la facultad de ejecutar un proceso judicial para embargar propiedades hasta cubrir el total de la obligación.
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El aval o codeudor también puede ser considerado responsable solidario. Si el titular no paga, el aval enfrenta las mismas consecuencias legales, incluyendo el embargo de bienes. Por ello, es fundamental evaluar la capacidad de pago antes de asumir ese rol.
Generalmente, las entidades bancarias inician una reclamación judicial tras el tercer o sexto impago. En esta fase, un juez de la República puede ordenar el embargo, sin necesidad de notificar previamente al deudor, con el fin de evitar que oculte bienes. El proceso se ejecuta una vez se han agotado los avisos formales del acreedor.
