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El nuevo presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, afirmó que la compañía tiene un caso muy sólido ante el tribunal internacional que lleva el proceso por la demanda a la empresa norteamericana CB&I, por los escandalosos sobrecostos en el proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena.
Según indicó el directivo, "la demanda que presentó Reficar contra CB&I llevará un tiempo, estos son procesos largos donde hay una gran cantidad de etapas y es un tema que puede durar dos años o más", explicó.
Señaló que lo que busca recobrar la compañía, por medio de esta demanda internacional, son recursos superiores a los US$2.000 millones "y así está puesto en nuestra demanda y por lo tanto estamos trabajando para soportar el caso, y en últimas será el tribunal el que determine la validez de estas pretensiones y el monto de las mismas".
Advertencia
Sin embargo, la Contraloría General de la República reveló que Reficar no ha realizado la valoración de una contingencia, ante la demanda que se interpuso a la empresa norteamericana CB&I, por los millonarios sobrecostos en el proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena.
Según la Contraloría, "el 8 de marzo de 2016 Reficar presentó solicitud de arbitraje en contra de CB&I ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Dentro de este proceso, el 25 de mayo de 2016, CBI contestó la solicitud y presentó demanda reconvencional en contra de Reficar".
Ante este escenario, el organismo de control recalca que "Reficar no ha efectuado la valoración de la contingencia derivada de este proceso arbitral y, por ende, no ha efectuado ningún tipo de provisión".
Señaló que la ausencia de provisión no surge como efecto de una valoración de la contingencia, sino como consecuencia del desconocimiento del deber de efectuar la valoración respectiva.
"Esta circunstancia genera incertidumbre en el saldo de las cuentas de provisiones", reafirma la Contraloría.
De acuerdo con la nota 14 de los Estados Financieros, el valor de esta demanda reconvencional es de aproximadamente $ 639.151.230.000 (USD 213 millones), los cuales corresponden a la ejecución de una garantía bancaria (USD 70 millones) y a facturas en disputa (USD 143 millones).
