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El Consejo Gremial Nacional le pidió a la Corte Constitucional suspender antes del primero de abril el Decreto Legislativo 173 de 2026, mediante el cual el Gobierno creó un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con patrimonio líquido igual o superior a 10.474 millones de pesos.
El gremio aseguró que el país enfrenta riesgos económicos si la medida se mantiene.
“Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes, si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, afirmó el Consejo Gremial.
Según el pronunciamiento, miles de empresas podrían tener dificultades para cumplir con el pago.
“Muchas empresas no podrán pagar dicho tributo y terminarán por quebrarse. Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país”, indicó.
Impacto en empleo, inversión y liquidez
El Consejo Gremial señaló que el impuesto afectaría a compañías que generan millones de empleos formales en el país.
“Medidas como estas afectan directamente a parte del sector empresarial que genera más de tres millones de empleos formales”, advirtió.
También explicó que el tributo tendría efectos inmediatos en la operación de las empresas.
“El choque fiscal genera tres impactos: asfixia la caja al exigir liquidez en el corto plazo, incrementa el endeudamiento destinado a pagarle a la DIAN y frena la inversión que necesita el país”, señaló.
El gremio cuestionó que el impuesto se cobre sobre el patrimonio y no sobre las utilidades.
“Al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, algunas compañías terminarían pagando impuestos aun teniendo pérdidas económicas”, sostuvo.
Cuestionamientos por equidad y por el uso de la emergencia
El Consejo Gremial también advirtió que la medida podría vulnerar principios constitucionales.
“Se vulneran los principios de equidad y progresividad. Imponer una tarifa del 1,6 %, superior a la general, a sectores financiero y extractivo castiga la inversión”, indicó.
Asimismo, cuestionó que el Gobierno haya utilizado la declaratoria de emergencia para crear el tributo.
“La Constitución solo permite declarar una emergencia cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por vías ordinarias. En este caso, esa justificación no se ha demostrado”, afirmó.
El gremio sostuvo que el problema fiscal debe enfrentarse con reducción del gasto.
“No es válido recurrir a tributos excepcionales sin haber agotado medidas de austeridad. El gasto público ha aumentado de forma sostenida sin mejores resultados”, señaló.
Advertencia por vencimiento del pago el 1 de abril
El Consejo Gremial alertó que el primer pago del impuesto vence el primero de abril, lo que dejaría poco tiempo para que las empresas consigan recursos.
“Las compañías tienen menos de diez días para conseguir liquidez, lo que las obliga a endeudarse o sacrificar inversión y empleo”, indicó.
Finalmente, el gremio pidió a la Corte Constitucional actuar con rapidez.
“Solicitamos la suspensión urgente de estas medidas para evitar perjuicios irremediables. Defender la Constitución es también proteger la estabilidad empresarial, el empleo y la viabilidad económica del país”, concluyó.
