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La Contraloría General de la República advirtió riesgos en la aplicación del proyecto de decreto que propone trasladar a Colpensiones los recursos de afiliados que hoy se encuentran en fondos privados de pensiones.
El órgano de control explicó que realizó un análisis preliminar del borrador presentado por el Ministerio de Trabajo, con el cual se busca reglamentar el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, en desarrollo de lo previsto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional que actualmente está en revisión de la Corte Constitucional.
Según la entidad, existe preocupación porque el esquema planteado podría cambiar el destino del ahorro pensional.
“Resulta preocupante que en dicho panorama los recursos de ahorro pensional puedan convertirse en gasto corriente”, advirtió la Contraloría.
El análisis señala que el traslado total de los recursos acumulados podría implicar que dineros destinados al ahorro de largo plazo se utilicen para financiar el pago actual de mesadas.
Más de 119 mil traslados y recursos por $24,7 billones
Con corte a febrero, se han trasladado 119.496 personas desde el régimen privado al público, con recursos cercanos a 24,7 billones de pesos.
De ese total, 18.507 personas ya tienen derecho a pensión, con recursos estimados en 5,1 billones de pesos, mientras que 100.989 aún no cumplen los requisitos y continúan aportando al sistema, con un recaudo anual cercano a 686.642 millones de pesos.
La Contraloría indicó que el artículo 76 de la Ley 2381 establece que el dinero de las cuentas individuales debe seguir siendo administrado por los fondos privados hasta que se consolide el derecho pensional, por lo que el traslado total no sería jurídicamente posible.
“No resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas, dado que la mayoría de ellas aún no ha adquirido el derecho a pensión”, señaló el organismo.
Falta de mecanismo para recibir los recursos
El ente de control también advirtió que, incluso en el caso de personas que ya cumplen requisitos, tampoco existiría hoy un mecanismo institucional para recibir los recursos.
Según explicó, el Decreto 1225 de 2024 establece que el dinero debe permanecer en las AFP mientras no entre en funcionamiento el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
“Dado que dicho fondo aún no ha entrado en operación, se considera que no existiría un mecanismo institucional para recibir los recursos”, indicó la Contraloría.
Por esta razón, concluyó que la aplicación del decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo sería inviable con la normativa vigente.
Advertencia por aumento del pasivo pensional
La Contraloría también alertó que el traslado de recursos podría aumentar las obligaciones futuras del Estado.
El organismo señaló que, si se usan los ahorros para cubrir pagos actuales, se podría generar un alivio fiscal temporal, pero a costa de mayores compromisos en el futuro.
“Este escenario podría generar un incremento del pasivo pensional del Estado, al sustituir sostenibilidad de largo plazo por un alivio fiscal de corto plazo, trasladando potencialmente cargas fiscales a las generaciones futuras”, concluyó la entidad.
Actualmente la Ley 2381 de 2024 se encuentra suspendida y bajo revisión de la Corte Constitucional. En caso de ser declarada exequible, los recursos deberían ir al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo administrado por el Banco de la República y no directamente a Colpensiones para el pago de mesadas.
