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El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, pidió al Gobierno revisar la situación del sistema de salud y evitar “justificar lo injustificable”, tras la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, afiliado a Nueva EPS y quien padecía de hemofilia.
El menor falleció el 13 de febrero de 2026 en Bogotá. Según denuncias públicas de su familia y de la Liga Colombiana de Hemofílicos, no habría recibido el medicamento profiláctico Emicizumab (Hemlibra), esencial para el manejo de su enfermedad, durante dos meses.
Llamado a revisar el sistema tras la muerte del menor
En ese contexto, el contralor hizo un llamado directo al Gobierno para revisar lo ocurrido y evaluar el impacto de las decisiones adoptadas en el sistema de salud.
“Esto no se trata de justificar lo injustificable”, afirmó Rodríguez, al referirse al caso del menor. Señaló que la muerte debe llevar a una reflexión sobre si el servicio se ha prestado adecuadamente o si existen fallas que obligan a replantear las intervenciones.
El funcionario también advirtió que tras la intervención de la mayor EPS del país, el Gobierno asume directamente la responsabilidad por la prestación del servicio.
“Cuando usted interviene, ¿quién asume la responsabilidad? Pues la está asumiendo usted de manera directa y tiene que responder”, señaló.
Contraloría ya había advertido sobre la crisis de la salud
El jefe de ese organismo sostuvo que los problemas del sistema y de la EPS intervenida habían sido alertados previamente por la Contraloría.
“Ese tema de salud lo advertimos a tiempo. Expresamos nuestra preocupación frente a las dificultades que han existido, frente a las intervenciones, y frente a una situación en la que la cura puede terminar siendo peor que la enfermedad”, afirmó.
Indicó que el organismo ha detectado presuntas responsabilidades fiscales por billones de pesos en el sector salud, pero advirtió que esos procesos no pueden servir como argumento para ignorar las fallas actuales.
Falta de claridad en la información financiera
El contralor también señaló que la Nueva EPS no ha entregado información financiera completa, lo que dificulta las labores de control.
“Si una entidad no le entrega a usted estados financieros, díganme cómo va a poder uno auditarla en debida forma si eso es lo fundamental que debe existir”, afirmó.
Por ello, pidió que se presenten “las cuentas claras” y recordó que la Superintendencia tiene funciones de inspección, control y vigilancia, pero no de coadministración.
“Cada quien debe dedicarse a sus competencias y responderle a los colombianos en lo que le corresponde”, concluyó.
Deterioro financiero y presión sobre hospitales
La muerte del menor ocurre en medio de una crisis financiera y operativa que distintas entidades han calificado como estructural.
La deuda de Nueva EPS aumentó un 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones.
En el mismo periodo, el patrimonio pasó de un saldo positivo de 485.209 millones de pesos a un patrimonio negativo de 6,25 billones, situación que el ente de control calificó como una “inviabilidad estructural”.
Ese deterioro se refleja en la operación cotidiana del sistema. En todo el país se han interpuesto embargos por más de 2 billones de pesos por parte de 95 instituciones prestadoras de servicios de salud, debido a la falta de pagos, lo que afecta la atención oportuna de los afiliados y la capacidad de respuesta de clínicas y hospitales.
