El incremento del salario mínimo decretado para 2026 tendrá efectos significativos sobre las finanzas públicas del país, de acuerdo con estimaciones realizadas por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). El organismo calcula que el aumento del 23% en el salario mínimo legal vigente generará presiones adicionales sobre el déficit fiscal, tanto en el corto como en el mediano plazo, debido a su impacto sobre el gasto público y algunos componentes del recaudo.
Aumento del déficit y presión sobre la sostenibilidad fiscal
Según las estimaciones preliminares del comité, el mayor costo fiscal asociado al incremento del salario mínimo alcanzaría al menos 5,3 billones de pesos en 2026, equivalentes al 0,3% del PIB. A partir de 2027, el impacto ascendería a cerca de 8 billones de pesos, lo que representaría el 0,4% del PIB. Este aumento del déficit, de acuerdo con CARF, dificulta el retorno a la senda de ajuste de la Regla Fiscal y afecta las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública.
El cálculo parte de que el salario mínimo real, descontando inflación, crecería alrededor de 18,5%, un nivel considerablemente superior al promedio histórico observado en las últimas dos décadas. Este aumento tiene efectos directos sobre varias partidas del gasto público y, de manera indirecta, sobre los ingresos del Estado.
Efectos sobre pensiones, empleo público y gasto del Estado
Uno de los principales impactos se presenta en el sistema pensional. El incremento del salario mínimo eleva el valor de las pensiones del régimen de prima media cercanas a un salario mínimo, lo que implica un mayor gasto estimado en cerca de 4,7 billones de pesos. A esto se suma el aumento en las erogaciones por concepto de salarios de los funcionarios públicos que devengan el salario mínimo, cuyo costo adicional se estima en alrededor de 0,6 billones de pesos.
Además, el salario mínimo influye en otros componentes del gasto público, como los contratos de bienes y servicios —por ejemplo, vigilancia y aseo— y en el valor de algunas pensiones del régimen de ahorro individual, las cuales se ajustan con base en el salario mínimo y no en la inflación. En estos casos, el Estado debe cubrir el mayor costo cuando los recursos acumulados resultan insuficientes.
Impacto sobre ingresos y balance fiscal
El análisis también señala que el aumento del salario mínimo puede afectar los ingresos tributarios. Un mayor costo laboral puede reducir los márgenes de utilidad de las empresas y, en consecuencia, disminuir el recaudo del impuesto de renta corporativo. Bajo este supuesto, el impacto negativo sobre los ingresos fiscales podría alcanzar aproximadamente 2,7 billones de pesos anuales.
El Comité advierte que existen otros efectos que no han sido cuantificados por falta de información, pero que podrían ampliar el impacto fiscal total. Entre ellos se encuentran los ajustes futuros en pensiones y posibles efectos adicionales sobre el gasto público derivados del uso del salario mínimo como referencia en distintos rubros.
En conjunto, las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal muestran que el aumento del salario mínimo para 2026 tiene implicaciones fiscales relevantes, en un contexto marcado por restricciones presupuestales y la necesidad de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.