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El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, aseguró que con la expedición del decreto que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel nuestro país dejará de recibir USD350 millones.
De acuerdo con el dirigente gremial, este documento es inconstitucional, ya que carece de fundamento técnico y solo incluye consideraciones de tipo moral.
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“Creo que el decreto expedido no resulta conveniente para Colombia porque termina castigando nuestras exportaciones. Cuando el país necesita vender mucho más, Colombia prohíbe las exportaciones de carbón a Israel“, dijo el presidente de Analdex.
Asimismo, sostuvo que con esta propuesta del Gobierno se incumple el Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado con Israel desde el año 2020.
“Colombia tiene una reserva extraordinaria de carbón y no veo por qué tendría que limitar esas exportaciones. Allí hay unas consideraciones de tipo moral, pero no se resuelven con este decreto”, afirmó.
Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) y de Aliadas, aseguró que con esta decisión se erosiona la confianza de los inversionistas internacionales.
“Las medidas que afectan acuerdos comerciales vigentes ponen en riesgo el entorno necesario para atraer nuevas inversiones y dinamizar la economía del país”, aseguró Lacouture.
En ese mismo sentido, sostuvo que las acciones recientes del Gobierno, como la limitación a la exploración de gas offshore, la cancelación del proyecto Oslo y la prohibición de exportaciones de carbón, están generando incertidumbre en el mercado.
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“Desde la Cámara Colomboamericana hemos manifestado que esta decisión no solo agudiza la incertidumbre jurídica, sino que también erosiona la confianza de los inversionistas. Las medidas que afectan acuerdos comerciales vigentes ponen en riesgo el entorno necesario para atraer nuevas inversiones y dinamizar la economía del país”, indicó.
Cabe mencionar que con esta decisión también se tendrá un impacto en las regalías de nuestro país, que representan 650.000 millones de pesos cada año (impuestos y contribuciones), de los cuales 100.000 millones van directamente a los departamentos de La Guajira y Cesar.
