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La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, denunció públicamente que estaría siendo objeto de un conjunto de acciones coordinadas para intimidarla e influir en decisiones pendientes, dentro de investigaciones que adelanta la entidad por presuntas conductas de colusión en el servicio de vehículos blindados contratados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
¿Cuáles son las denuncias?
Según explicó, la información le fue advertida el pasado 13 de noviembre por un abogado penalista, quien le habló de una estrategia orientada a “manipular mi capacidad de decisión sobre los pronunciamientos de fondo que están por venir en esta investigación”. Rusinque señaló que la advertencia se dio en presencia de uno de sus asesores y que, desde entonces, el plan se habría ejecutado de manera sistemática.
De acuerdo con la superintendente, la estrategia incluiría ataques jurídicos y mediáticos para proyectar la imagen de una funcionaria que actúa por fuera de la ley.
“El plan consistiría en desplegar una serie de ataques coordinados destinados a presentarme como una funcionaria ilegal y arbitraria, mediante acciones disciplinarias y penales, aun cuando carezcan de fundamento normativo”, afirmó.
Rusinque aseguró que el objetivo sería desgastar a la Superintendencia y desviar la atención de los procesos en curso, pasando a la entidad y a su cabeza de investigadoras a investigadas.
También denunció cuestionamientos a las visitas administrativas adelantadas por la SIC, en particular a la recolección de información contenida en dispositivos electrónicos de los agentes del mercado. Frente a esto, fue enfática: “La superintendencia sí tiene competencia para requerir información relacionada con la actividad empresarial de los sujetos bajo inspección”.
En ese contexto, la funcionaria se refirió a la publicación reciente de la revista Cambio, a la que señaló como parte de la estrategia de descrédito. Aunque reconoció que el artículo recoge diversas voces, cuestionó su enfoque. “El titular y el contenido visible se concentran en la posición de los investigados y en insistir en una supuesta ausencia de facultades legales de la superintendencia”, sostuvo.
Sobre ese punto, recordó que la Corte Constitucional resolvió el tema hace varios años y que su posición ha sido reiterada por el Consejo de Estado y otros tribunales. “No todas las opiniones tienen el mismo valor jurídico. No estamos ante un debate de gustos, sino frente a normas y decisiones judiciales públicas y verificables”, afirmó, al rechazar que se trate de una controversia abierta.
Presuntas intimidaciones y presiones
La superintendente también advirtió que la información recibida incluye supuestos vínculos de las personas detrás de estas presiones con estructuras armadas ilegales, lo que, según dijo, agrava la situación. En ese sentido, recordó que la UNP ha sido informada en dos ocasiones sobre seguimientos a su esquema de seguridad por parte de hombres armados en motocicletas cerca de su domicilio.
“No vamos a ceder ante las intimidaciones”, aseguró Rusinque, al señalar que continuará con las investigaciones que adelanta la entidad. A su juicio, el trasfondo de estas acciones sería debilitar la capacidad institucional de la Superintendencia y vaciar de contenido su función de inspección, vigilancia y control.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a respaldar a las instituciones y a no dejarse confundir por la desinformación. “Cumplir el mandato constitucional tiene costos, pero no actuamos con miedo. Nuestra tarea es proteger a los consumidores y enfrentar prácticas que afectan los recursos públicos”, concluyó.
