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La Corte Suprema de Justicia tuvo en los despachos de la Sala Penal, el proceso que avanzaba contra una de las estructuras que sería responsable del presunto robo de crudo perteneciente a Ecopetrol.
El caso estuvo en las manos del magistrado Fabio Ospitia, quien tuvo que decidir sobre la ciudad que sería competente para atender el proceso judicial de once personas señaladas como responsables del robo de más de 30.000 galones de crudo que eran extraídos del oleoducto Caño Limón-Coveñas, para posteriormente refinarlo y obtener ACPM, varsol y otros productos.
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Según la providencia del magistrado, esa estructura habría actuado entre 2016 - 2019 de manera coordinada para extraer el crudo y transportarlo hasta Venezuela, en donde se realizaría el proceso de refinado para luego volver a ingresar el producto al país por contrabando.
Una vez que los vehículos ingresaban a Colombia con ayuda de funcionarios de la Dian, al parecer eran ubicados en parqueaderos que pertenecerían a las empresas Reciambiente y Crude Oil Investors S.A.S., en la ciudad de Barranquilla.
Los camiones se movilizaban con guías de transporte que eran otorgadas por las empresas Districombustibles y Krystal Energy. Además, los carro tanques en los que transportarían el crudo robado, también eran propiedad de Districombustibles.
El documento conocido por LA FM de RCN menciona que al menos en seis oportunidades (entre 2015 y 2018), las autoridades detuvieron vehículos pertenecientes a Districombustibles y que transportaban el crudo, en carreteras de Tolima, César, La Guajira y Caldas,
En este proceso aparece el nombre de la empresa Australian Búnker Suppliers S.A.S., que se habría apropiado de la red ilegal de hidrocarburos que eran procesados en una refinería en Flandes (Tolima).
El 20 de enero de 2020, la Fiscalía imputó a los once implicados los delitos de concierto para delinquir y a cinco de ellos, el delito de apoderamiento de hidrocarburos, ante un juez de control de garantías de Bogotá.
La defensa alegó incompetencia del funcionario en su momento, pues los hechos señalados se habrían presentado en varios lugares del territorio nacional pero ninguno en Bogotá y pidió trasladar este caso a Tolima, Huila y Putumayo.
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Pese a la petición de la defensa, el magistrado de la Sala de Casación Penal concluyó que lo más apropiado para este proceso era mantener el caso en Bogotá, pues la imputación y las labores investigativas se adelantaron en la capital del país.
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