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Durante el Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, presidente del gremio, advirtió que el campo continúa enfrentando una informalidad del 84%, una cifra que según dijo, el Gobierno no solo no corrige con la reforma laboral, sino que se podría profundizar.
En ese mismo escenario, Eduard Baquero López, presidente ejecutivo de Fedecacao, respaldó la preocupación y afirmó que la propuesta legislativa desconoce por completo la manera como funcionan las dinámicas laborales en las zonas rurales, especialmente en cultivos como el del cacao, donde la estructura de trabajo es radicalmente distinta a la urbana.
“Las familias cacaocultoras están preocupadas porque la reforma está pensada para empleos estables en la ciudad. Pero en el campo la lógica es completamente diferente. Si un productor necesita dos días de ayuda, no puede asumir la carga de un contrato de 30 días. Eso sería inviable”, señaló.
Trabajo de Productores
Eduard Baquero explicó que la mayoría de las labores en los cacaotales son realizadas directamente por las familias productoras, quienes solo en momentos específicos, como la cosecha o podas puntuales, requieren contratar mano de obra por días u horas, no bajo esquemas mensuales o permanentes.
La advertencia coincide con la posición que Bedoya, el campo necesita un régimen laboral especial, adaptado a su realidad. Para el presidente de la SAC, el proyecto del Gobierno “perdió la oportunidad de reducir la informalidad rural”, que hoy afecta a más de ocho de cada diez trabajadores.
Reforma para productores
Eduard Baquero añadió que si la reforma avanza sin modificaciones, el riesgo es que muchos productores terminen prescindiendo de mano de obra adicional por temor a cargas laborales imposibles de cumplir.
“Eso afectaría directamente la productividad y la calidad del cacao, un cultivo que ha venido creciendo en los últimos diez años, pero que sigue enfrentando vulnerabilidades”, advirtió.
Informalidad en el sector
El presidente de Fedecacao también subrayó que la informalidad no se reduce con decretos aislados, sino con condiciones mínimas de seguridad y movilidad.
“Porque esta reglamentación o esta legislación que se hace, se está pensando en puestos permanentes, pensando en una ciudad. En el campo es completamente diferente”, dijo.
El gremio espera que el Congreso revise el articulado y que las propuestas construidas con los sectores rurales, incluidas en los 43 puntos que la SAC entregó a los candidatos presidenciales y se conviertan en políticas públicas reales para proteger al trabajador agrícola y garantizar que la producción no se detenga.
