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El presidente de la Andi, Bruce MacMaster, explicó en entrevista con La FM sus preocupaciones frente al manejo del presupuesto nacional, la definición del salario mínimo y las decisiones del Gobierno que, según dijo, podrían tener efectos fiscales y laborales de largo plazo.
¿Qué dijo la Andi sobre el presupuesto nacional?
MacMaster señaló que el Congreso debe decidir sobre el monto del presupuesto y advirtió las implicaciones que tendría si queda desfinanciado. “Si el presupuesto llegara a estar desfinanciado tendría que haber una ley de financiamiento”, indicó. Explicó que en la práctica estas leyes se convierten en reformas tributarias, ya que el nivel de endeudamiento en Colombia está en límites muy altos.
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El dirigente gremial aseguró que el país enfrenta un reto fiscal. “En este instante tenemos una propuesta por parte del Gobierno con un presupuesto de más de 557 billones de pesos”, expresó. Según dijo, el incremento acumulado en cuatro años es del 57%. “Colombia tiene que tomar una decisión responsable”, afirmó, advirtiendo que un error en esta materia podría tener consecuencias de largo plazo.
MacMaster insistió en que lo fundamental es establecer cuál es el monto que el país realmente puede pagar. “Lo único responsable es que el Congreso identifique el límite máximo del presupuesto”, sostuvo, criticando que el procedimiento actual tiende a resolverse por decreto sin debate amplio.
¿Qué opinó sobre el salario mínimo y el empleo?
El presidente de la Andi también se refirió a la definición del salario mínimo. Recordó que el presidente ya anticipó que podría fijarlo por decreto el 30 de diciembre. “Aparentemente el Gobierno no quisiera dar la discusión”, señaló. Según dijo, al volver el tema político y electoral, existe la probabilidad de decisiones equivocadas.
Sobre el mercado laboral, destacó que si bien el desempleo ha disminuido, la informalidad ha aumentado. “La informalidad ha subido muchísimo durante los últimos tres años”, afirmó, advirtiendo que ese fenómeno no puede ignorarse en el debate sobre el ingreso mínimo.
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MacMaster recordó un informe de Acopi que muestra las dificultades de las pequeñas y medianas empresas. “Cada pyme ha venido perdiendo en promedio cinco empleos formales”, dijo. Según él, esto está relacionado con los costos que enfrentan las empresas y la falta de discusión sobre medidas de apoyo.
En su análisis, la combinación de las discusiones de presupuesto, salario mínimo y elecciones hace más complejo el escenario. “Son circunstancias que mezcladas pueden conducir a decisiones equivocadas”, manifestó. Agregó que lo prioritario es evitar una nueva carga impositiva para los ciudadanos y las compañías.
Finalmente, advirtió sobre otros casos en los que el Gobierno no ha dado la discusión de fondo, como la definición de la UPC en salud. “La Corte Constitucional ordenó revisar la unidad por capitación y el Gobierno insiste en que el incremento del 5,31% es suficiente”, expresó. Concluyó que estas decisiones tienen impacto directo en la sostenibilidad de los sistemas y en el bienestar de los colombianos.
