Tres sociedades sancionadas por la SIC tras detectar sobreprecios de hasta 7.000 % en medicamentos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó con $5.763.477.632 a tres sociedades, en su calidad de mayoristas e IPS, por exceder los precios de venta máximos de medicamentos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM).

Las decisiones se adoptaron tras visitas de inspección en Cúcuta y Cali, en las que se verificó la comercialización de medicamentos con sobreprecios significativos.

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Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S.

Durante el periodo de octubre de 2022 a junio de 2023, la compañía comercializó 47 medicamentos con precios superiores a los máximos permitidos, con incrementos que oscilaron entre 1,24 % y 7.000,93 %.

Uno de los casos fue el medicamento Tisseel, con un precio máximo de venta de $585.368, pero que fue ofrecido en $4.750.000. Otro ejemplo fue Actilyse, cuyo valor regulado es de $1.691.122 y fue vendido por $11.601.138.

Fabilu S.A.S. como mayorista

En 2023, la empresa vendió nueve medicamentos con sobreprecios entre 3,5 % y 164,7 %, incluso a una Empresa Social del Estado.

Entre los hallazgos está el medicamento Clexane, que debía venderse en $12.089, pero fue comercializado en $32.000. También el Bridion, cuyo precio máximo era $265.820 y fue vendido en $603.463.

Fabilu S.A.S. como IPS – Clínica Colombia ES

La SIC determinó que la IPS superó los precios en 10 medicamentos, entre 3,38 % y 2.175,11 %.

El Tisseel en presentación líquida/sólida, con precio máximo de $313.172, se vendió en $7.125.000. Otro caso fue el Verapamilo, con un tope de $202, pero comercializado en $2.700.

Fabisalud IPS S.A.S. – Clínica Cristo Rey

Durante 2023, esta IPS vendió cuatro medicamentos con incrementos que oscilaron entre 0,09 % y 100 %. El medicamento Symbicort Turbuhaler, con precio máximo de $55.114, fue vendido en $110.229.

La Superintendencia advirtió: “el régimen de control directo de precios de medicamentos y dispositivos médicos es una medida esencial para proteger el interés general y prevenir abusos de mercado”.

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Asimismo, recalcó que, “de esta manera se garantiza que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente, protegiendo derechos fundamentales como la salud y la vida”.

Las sanciones corresponden a primera instancia y contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación.