Tras decreto contra dosis mínima se han decomisado cerca de siete toneladas de droga

Luego de ocho días de firmado el decreto por el presidente Iván Duque en el que faculta a la Policía para que decomise dosis mínima en el espacio público, dicha institución entregó el primer balance al respecto.

De acuerdo a un comunicado, “en los primeros 8 días de la puesta en marcha del decreto presidencial, se han logrado la incautación de más de 6.9 toneladas de estupefaciente en todo el país”, dice el comunicado.

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“El accionar de la Institución de Policía ha permitido la captura de más de 600 personas, entre las cuales se encuentran ‘jíbaros’ que haciéndose pasar por consumidores, contaban con un número significativo de dosis personales que sobrepasaban los gramos permitidos”, dice el documento.

El comunicado también asegura que se “han intervenido 172 entornos educativos con el fin de detectar personas que se mezclan con los estudiantes de los planteles educativos con el fin de ofrecerles sustancias prohibidas”.

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Cabe destacar que las personas que sean sorprendidas con la cantidad mínima de droga podrían ser multadas con 208.000 pesos. 

¿Cómo se define la dosis mínima? En el caso de la marihuana y el hachís, no pueden exceder los 20 y cinco gramos, respectivamente, y en la cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína, el límite es un gramo, según la ey 30 de 1986. 

Con la sentencia C-221 de 1994, la Corte Constitucional despenalizó el consumo de la dosis personal, de manera que esto plantea desde ya un debate jurídico sobre los alcances que tendrá el decreto, sobre todo en lo referente a las libertades individuales. 

"A nadie se le puede impedir la realización de un acto que no se encuentre expresamente prohibido", explicó el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán. 

"Creo que eso sería contrario a la Constitución (…) De aquí a que a cualquiera lo pueda requisar hay un paso muy peligroso para la libertad personal”, añadió el exmagistrado. 

“Aquí no es aplicar el Código de Policía, sino aplicar una norma nueva", precisó Beltrán, a propósito del argumento que usa el Gobierno para decir que no es prohibición, sino una medida administrativa. 

Por su parte, Jorge Palomares, del observatorio constitucional de la Universidad Libre, indica que el decreto podría permitir la violación de derechos fundamentales. 

“La Corte Constitucional ha dicho que existe un ejercicio de libertad sobre el porte y el consumo, y la jurisprudencia ha establecido que no se puede partir sobre la sospecha sobre el ciudadano”, explicó Palomares. 

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De otro lado, algunos advierten que la medida podría derivar en corrupción policial. 

Según la experta Isabel Pereira, "los sobornos y abusos de la policía" podrían desencadenarse en las capas sociales debido al decreto. 

"Nos estamos devolviendo a una política que genera muchos daños, que sabemos que aleja a las personas de los servicios de salud (...), que sabemos que se da para corrupción policial y que sabemos que le cuesta mucho al Estado", advirtió Pereira, coordinadora de política de drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), en diálogo con la agencia AFP. 

El decreto, además, contempla la posibilidad de procesar judicialmente a las personas que sean sorprendidas con más cantidad de droga que la estipulada en la dosis mínima, lo que supone el fin de la dosis de aprovisionamiento, es decir, la cantidad que alguien tiene para una semana o un mes. 

Esto podría chocar con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de marzo de 2016. En ese momento, el alto tribunal abrió la puerta de no procesar como delito el porte que exceda la dosis personal, "siempre y cuando su único propósito sea el consumo derivado de la enfermedad o adicción del portador". 

Por su parte, los alcaldes de Bogotá (Enrique Peñalosa) y Cali (Maurice Armitage) respaldaron la medida. 

“Este es un golpe contundente a la dosis de aprovisionamiento. Creo que es un derecho poder ir al parque sin tener que oler marihuana”, dijo Peñalosa. 

“Yo veo esta medida que es muy positiva para la capital del Valle del Cauca. Este decreto les va a poner dificultades a los jíbaros”, añadió Armitage.