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La mañana del 27 de abril se desplomó un edificio en Cartagena, una tragedia que dejó un saldo de 21 muertos y 22 heridos, y que también dejó en evidencia una serie de irregularidades en el control urbano, un problema de vieja data.
Tras 22 días, el proceso alcanza su punto más alto con la suspensión provisional del alcalde Manuel Vicente Duque por parte de la Procuraduría General de la Nación.
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Horas más tarde del desplome del edificio Portal de Blas de lezo II, el curador número uno, Ronald Llamas, dio a conocer que no conocía el proyecto y que el serial de la licencia suministrado por la oficina de Control Urbano, adscrito a la Secretaría de Planeación, no aparecía en sus registros.
Ese mismo día, el Consejo Gremial de Bolívar reaccionó a la tragedia. Patricia Galindo, la directora ejecutiva y gerente de Camacol en el departamento, le pidió a las autoridades iniciar una investigación que permita establecer qué pasó y señaló que los responsables de la edificación serían, hasta ese momento, 'los hermanos Quiroz'
Un día tras la tragedia, la Personería distrital anunció la apertura de indagaciones preliminares a Control Urbano, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación contra los responsables y la Procuraduría General también inició un proceso contra el alcalde Duque Vasquez.
Para agilizar la aprehensión de los responsables, el mandatario de Cartagena denunció ante la Fiscalía los constructores del edificio Maira Quiroz, Wilfran Quiroz, Eduardo Quiroz. Por su parte, Jorge Mendoza Diago, presidente la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, reveló que los dueños del edificio Portales de Blas de Lezo II tienen más construcciones en la ciudad, con las mismas irregularidades.
El 29 de abril, los organismos de socorro terminan las labores de rescate, son 20 los muertos y 23 rescatados que fueron atendidos en diferentes centros asistenciales. La administración coordina un emotivo homenaje a las víctimas en polideportivo del barrio en donde se ofició una misa.
El debate se vuelve a concentrar en buscar a todos los responsables posibles, y el Concejo Distrital exige la renuncia de la Secretaría de Planeación, Luz Elena Paternina y alcaldesa de la Localidad 3, Patricia Zapata, por considerar que tienen responsabilidades en la tragedia.
Duque Vasquez también ordenó a la Oficina de Control Disciplinario investigar a 4 funcionarios del Distrito: Luz Elena Paternina, secretaria de Planeación; Olimpo Vergara, jefe de la Oficina de Control Urbano Distrital; Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad 3, y a Alfonso Ramos, inspector de Policía del barrio Blas de Lezo.
Ese mismo día falleció, Jorge Luis Hoyos, uno de los heridos tras la tragedia y la atención regresó a las víctimas.
El 2 de mayo, el inspector de policía Alfonso Ramos responde ante los señalamientos y manifestó que, según la ley, no es el responsable de lo ocurrido en su comuna y que la culpa recae sobre el director de la oficina de Control Urbano, Olimpo Vergara Vergara. Un día más tarde, el funcionario renunció y también lo hizo la Secretaría de Planeación, Luz Elena Paternina.
El 4 de mayo, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, llegó a Cartagena para hablar con los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes, y anunció que la indagación por ese caso sería trasladada a Bogotá porque en la capital de Bolívar no había garantías.
Cuatro días más tarde, uno de los obreros sobrevivientes reveló que Gilberto Marrugo, Ricardo Castellar y José Cudris, funcionarios de la alcaldía local 3 de la subárea de control urbano, habrían gestionado una licencia falsa para adelantar la construcción de Portal de Blas de Lezo II. La oficina de Control disciplinario también inició un proceso contra ellos.
El proceso se complicó días más tarde, el alcalde Manuel Duque dio a conocer su preocupación tras enterarse que un juez de Control de garantías negó expedir una orden de captura a los constructores. Como respuesta, la Fiscalía anunció que volverá a solicitarla.
El 17 de mayo, el procurador general Fernando Carrillo, como medida cautelar, ordenó la suspensión por tres meses del Manuel Vicente Duque mientras se adelanta el proceso de presuntas irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones de la ciudad. Para el ente de control, la inconsistencias.
La Procuraduría General, por una acción de tutela, buscará que trabajadores sobrevivientes sean cobijados con el mecanismo de protección al cesante, a través del cual tendrían derecho a un subsidio de alimentación y al pago de seguridad social por un término de 6 meses.
En diálogo con LA F.M, el alcalde Manuel Duque que la decisión del ente de control lo tomó por sorpresa, pero sostuvo que acatará la medida. El mandatario manifestó además que demostrará que sí trabajó en ejercer vigilancia en las construcciones ilegales.
