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El Instituto Nacional para Sordos (Insor) confirmó que Colombia tendrá un tapabocas inclusivo, luego que fuera aprobado el proyecto de ley que permitirá tener elementos transparentes, con el objetivo de garantizar la comunicación de personas con discapacidad auditiva.
La directora del Insor, Natalia Martínez Pardo, señaló que son más de 500.000 personas sordas en Colombia, las que utilizan el lenguaje de señas y en especial las expresiones del rostro para comunicarse.
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“La iniciativa del tapabocas inclusivo consiste en promover en entidades públicas, privadas o mixtas que atienden por su misión al público de forma directa, la utilización de tapabocas inclusivos o transparentes que permitan o faciliten la comunicación con personas que tienen dificultades parciales para oír o que son completamente sordas y se apoyan en la lectura de los labios”, indicó.
Afirmó que de acuerdo con la ley, cada institución o entidad deberá fijar en un lugar visible un aviso que informe que cuenta con la disponibilidad de tapabocas inclusivos, que cuentan con un visor transparente para la adecuada lectura de labios.
“También establece que cuando una persona con discapacidad auditiva requiera comunicarse con el personal de atención, puede hacerlo sin problema y manteniendo las respectivas normas de bioseguridad y protección”, indicó.
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Agregó que estos tapabocas deberán ser aprobados por el Invima, con el propósito de que sean seguros para evitar contagios de la covid-19.
“Esta ley beneficia a más de 500.000 personas sordas en Colombia, pues reconoce que la visualización del rostro, las expresiones faciales y la vocalización, son elementos fundamentales para su comunicación efectiva y cotidiana”, sostuvo.
Dijo que el documento establece que las entidades encargadas de la vigilancia y control como la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, las personerías y las veedurías, entre otras, serán las seleccionadas de garantizar el cumplimiento de la recién promulgada ley.
Destacó que el uso de tapabocas inclusivo es una norma en países como Argentina y Uruguay.
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