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Las 16 camionetas robadas en Bogotá la semana pasada tienen una extraña historia, como lo ha venido anticipando La FM de RCN desde el momento mismo del robo. Las camionetas —todas Toyota blindadas que prestaban servicios de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP)— fueron, en los últimos meses, objeto de una batalla legal entre dos contratistas de la entidad que terminó en un embargo.
Aunque el parqueadero de donde fueron sustraídas albergaba decenas de otros carros listos para prestar los servicios, las 16 camionetas robadas tenían las mismas placas de camionetas que solo días antes habían sido embargadas por decisión de un juez de la República.
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La empresa dueña de las camionetas es Alliance Security Rent Car, cuyo representante legal y gerente es Carlos Eduardo Cortes Greiff. La compañía tiene un millonario contrato para la prestación de esquemas de seguridad a la UNP por más de 92.000 millones de pesos, pero ha tenido, además, por lo menos 13 contratos de seguridad con la UNP y uno con la Dirección de Aduanas Nacionales.
La verdadera razón del embargo de las camionetas es que la compañía se ganó este último contrato el año pasado, pero debía hacer un empalme con la empresa que tenía el contrato antes, cuyo nombre es NeoSecurity.
Mientras Alliance Security comenzaba con la entrega de los vehículos, Neosecurity prestaba los servicios, pero la primera empresa debía pagarle por el tiempo del empalme. Esa deuda, por alrededor de dos mil millones de pesos, según los representantes de NeoSecurity, no se pagó, razón por la cual esta última compañía decidió demandar a la empresa de las camionetas robadas llevando a buena parte de su flota a un embargo.
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El juzgado treinta y siete civil del Circuito de Bogotá confirmó el embargo a 66 camionetas por 2.000 millones de pesos en diciembre. También fueron embargados otros vehículos de empresas relacionadas con el mismo grupo. Por esta razón, la compañía se quedó sin la posibilidad de prestar en plenas condiciones el contrato de la UNP, y el propio subdirector de la entidad le envió una carta a la compañía pidiendo en tres días un listado de las camionetas viables para prestar los servicios de protección por el millonario contrato.
El problema en la batalla legal es que la compañía embargada habría presentado camionetas que estaban con la medida de embargo y secuestro como disponibles para prestar los servicios, por lo que la otra empresa pidió que se investigara fraude procesal en el proceso de contratación.
Por el robo de las 16 camionetas hubo tres capturas, entre ellos un hombre y su hijo que trabajaban en un pequeño taller de automóviles. A pesar de que los capturados aparentemente no tenían un récord importante de crímenes, sí tuvieron la habilidad para contratar a más de una decena de hombres que pudieron encontrar las llaves de las camionetas embargadas, desbloquearlas, someter a los guardas de la empresa de seguridad, configurar los GPS y llevárselas.
La empresa, que dice ser víctima del robo, hizo las denuncias y ha dicho que no se explica cómo pudieron robarse las camionetas. Hoy la UNP sigue exigiéndole a Alliance Security que cumpla el contrato de protección en un cruce de acusaciones y de denuncias dentro de la entidad encargada de proteger a las personas amenazadas en Colombia que parece hasta ahora la punta del Iceberg.
Fuentes que conocen de cerca la historia dijeron a La FM que Alliance Security tendría una relación con el cuestionado empresario Jorge Moreno, llamado "zar de la seguridad". Consultado el Representante legal de la compañía, este negó esa información.
